Puertos frenados por el decreto 690/2026 y el conflicto con los prácticos
NewsITe
La actividad en los principales puertos argentinos permanece prácticamente paralizada a raíz del conflicto desatado por la desregulación del servicio de practicaje, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger mediante el Decreto 690/2026. La medida, presentada por el Gobierno como una forma de “desarmar kioscos regulatorios” y abaratar costos logísticos, derivó en una interrupción casi total del comercio fluvial y encendió alarmas en sectores clave de la economía.
El practicaje es el servicio que brindan profesionales especializados para asistir a los capitanes de los buques en las maniobras de ingreso y egreso de los puertos, una tarea considerada estratégica para la seguridad de la navegación. Desde 1991 la actividad se regía por un reglamento específico que fue reemplazado por la nueva normativa, que modifica a fondo el esquema vigente.
Entre los cambios centrales, el decreto exime de contratar prácticos a capitanes extranjeros con determinada experiencia, amplía las dimensiones mínimas de los barcos para los cuales es obligatorio el servicio, elimina el cupo para inscribirse como práctico y habilita a la Prefectura Naval a prestar directamente esa asistencia, entre otros puntos sensibles para el sector.
Sturzenegger defendió la reforma al afirmar que “la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, en alusión al sistema anterior, al que el Gobierno atribuye sobrecostos y rigideces que restan competitividad a las exportaciones.
Rechazo de los prácticos y un conflicto difícil de encauzar
Los prácticos, que se desempeñan como profesionales independientes y no están nucleados en un sindicato tradicional, reaccionaron con fuerte rechazo a la desregulación. De manera coordinada, resolvieron no tomar nuevos servicios, lo que en los hechos paralizó el tráfico en numerosos puertos del país. Al no tratarse formalmente de una medida de fuerza gremial, el Gobierno se encuentra con una limitación adicional: no puede recurrir a la conciliación obligatoria para destrabar el conflicto.
Aun con las intimaciones cursadas por la Prefectura para que se retome la actividad —considerada un servicio público esencial por su impacto en la seguridad y el comercio exterior—, la falta de acuerdo mantiene el escenario abierto y con elevada incertidumbre. Mientras tanto, se multiplican las quejas de cámaras empresarias y operadores logísticos que advierten por las pérdidas millonarias que provocan los buques detenidos.
Impacto en agroindustria, energía y comercio exterior
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, advirtió que cada día de demora de un barco supone costos altísimos para el país. “Cada demora de barco es un taxi que va cobrando entre 50 y 100 mil dólares por día”, sostuvo, y alertó que, de prolongarse la situación, “Argentina puede entrar en una lista de país sucio, un país inseguro a la hora de cumplir con sus contratos de exportación”.
El freno también golpea a la cadena energética. En Neuquén se detuvo la construcción de la terminal offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur, debido a las restricciones en el puerto de Bahía Blanca que impiden realizar las maniobras previstas. Desde la Cámara Argentina de Energía (CADE) informaron que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas están interrumpidas por “indisponibilidad de prácticos” y advirtieron que podrían registrarse problemas de abastecimiento si la traba se extiende.
La parálisis se extiende desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, con especial impacto en el Río de la Plata y el río Paraná, por donde circula alrededor del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas. En las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes, decenas de embarcaciones permanecen fondeadas o con actividad mínima, a la espera de una salida negociada entre el Gobierno, los prácticos y los distintos actores de la cadena logística.
- El Decreto 690/2026 modificó el régimen de practicaje vigente desde 1991.
- Los prácticos rechazan la desregulación y dejaron de tomar nuevos servicios.
- Se paralizaron puertos clave para el agro y la energía, con altos costos diarios.
- Empresarios advierten riesgo para la reputación de Argentina como proveedor confiable.
“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, afirmó el ministro Federico Sturzenegger al defender la reforma.
Mientras el Gobierno insiste en avanzar con la desregulación para bajar costos y abrir el mercado del practicaje, los sectores afectados reclaman una solución urgente que restablezca la operatoria en los puertos sin poner en riesgo la seguridad ni la competitividad del comercio exterior argentino.
