La Justicia pone punto final a un expediente histórico
NewsITe
Tras más de dos décadas de trámite judicial, la causa por la trágica inundación que azotó a la ciudad de Santa Fe en 2003 llegó a su cierre definitivo. La investigación, que se convirtió en un emblema de la discusión sobre responsabilidad estatal frente a desastres hídricos, concluyó con condenas firmes para exfuncionarios y el sobreseimiento de los últimos imputados, entre ellos el exintendente Marcelo Álvarez.
La inundación del río Salado, agravada por intensas lluvias, anegó en aquel entonces los sectores oeste y sur de la capital santafesina. Más de 130.000 personas resultaron afectadas y 23 perdieron la vida, en uno de los episodios más dramáticos de la historia reciente de la provincia. Las imágenes de barrios enteros bajo el agua marcaron a fuego la memoria colectiva.
El avance de la causa penal expuso, con el correr de los años, graves falencias en la planificación y ejecución de obras hidráulicas. En 2008, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe confirmó una condena a 21 años de prisión contra el entonces director de Obras Hidráulicas, Eduardo Beracchia, junto a otros funcionarios. La Justicia consideró probado que no se llevaron adelante las obras de contención necesarias pese a existir fondos, y que hubo un deficiente mantenimiento del sistema de desagües.
Años más tarde, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ratificó esas sentencias, al remarcar que la negligencia estatal tuvo consecuencias penales concretas. Ese pronunciamiento consolidó la responsabilidad de los funcionarios por omisiones graves en materia de prevención, un aspecto que fue seguido de cerca por especialistas en derecho administrativo y en gestión del riesgo hídrico.
Sobreseimientos y deudas pendientes con las víctimas
El tramo final del expediente llegó en diciembre de 2025, cuando el juez Eduardo Beracchia (h), a cargo de una de las instancias clave, dictó el sobreseimiento definitivo de los últimos imputados, entre ellos el exintendente Marcelo Álvarez. Con esa resolución, se dio por concluida una causa que atravesó cambios de gobierno, reformas judiciales y reclamos constantes de los damnificados.
Sin embargo, para buena parte de las víctimas el cierre judicial no implica el cierre del duelo. Vecinos de barrios como San Lorenzo, uno de los más castigados por el avance del agua, recuerdan las pérdidas materiales y afectivas que dejó la inundación. Muchos de ellos debieron abandonar sus casas, reconstruir su vida en otros puntos de la ciudad o enfrentar largos trámites para acceder a indemnizaciones.
- Más de 130.000 personas afectadas por el desborde del río Salado.
- 23 víctimas fatales registradas oficialmente.
- Condenas firmes a exfuncionarios por omisión de obras y mantenimiento.
- Sobreseimiento definitivo de los últimos imputados en 2025.
“Perdimos todo, y aunque haya condenados, el dolor sigue”, lamentó una vecina del barrio San Lorenzo, reflejando el sentir de gran parte de la comunidad afectada.
A 23 años de la tragedia, la inundación de 2003 se mantiene como un punto de inflexión para Santa Fe y para el país en materia de prevención de desastres. Especialistas subrayan que la planificación de obras, el monitoreo de cuencas y la transparencia en el uso de fondos públicos son claves para evitar que episodios similares vuelvan a repetirse. El cierre de la causa judicial, aunque simbólicamente importante, deja planteado el desafío de que las lecciones aprendidas se traduzcan en políticas sostenidas y en mayor protección para las poblaciones en riesgo.
