Veinticinco estados de EE.UU. llevan a Trump a la Justicia por los aranceles
NewsITe
Buenos Aires, 4 de agosto (NA).– Una coalición de 25 estados de los Estados Unidos presentó una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional para frenar los nuevos aranceles generalizados impulsados por la administración de Donald Trump sobre bienes provenientes de 60 socios comerciales. Los fiscales y gobernadores demandantes sostienen que el exmandatario excedió la autoridad que le otorga la ley de comercio al reinstalar un esquema de tarifas que ya había sido rechazado por la Justicia federal.
El paquete cuestionado impone aranceles de entre el 10 y el 12,5 % sobre la vasta mayoría de los productos importados desde esos países, que en conjunto representan cerca del 99,4 % de las importaciones estadounidenses. La presentación judicial reclama que el tribunal bloquee la aplicación de las tasas, las declare ilegales y ordene la devolución de lo ya cobrado a empresas y consumidores.
Según el escrito, el Gobierno federal se apoyó en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y en presuntas preocupaciones sobre trabajo forzoso para justificar una nueva batería de gravámenes de alcance casi global. Los estados sostienen que se trata, en los hechos, de un intento de restablecer aranceles muy similares a los que la Corte Suprema anuló en febrero, pero bajo un ropaje normativo distinto.
Impacto en el costo de vida y en las economías locales
Entre los argumentos centrales de la demanda aparece el efecto de los aranceles en el costo de vida de la población. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió que los nuevos cargos funcionan como un impuesto encubierto que se traslada a los precios de los alimentos, los insumos básicos del hogar, los materiales de construcción y una larga lista de bienes de consumo masivo, golpeando con más fuerza a los trabajadores y a los sectores de menores ingresos.
“Los aranceles ilegales del presidente Trump no son más que un impuesto para las familias trabajadoras que elevan el costo de los comestibles, de los artículos básicos del hogar, de los materiales de construcción y de los bienes incontables cotidianos de los que dependen los neoyorquinos”, afirmó Hochul.
En la misma línea, el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, recordó que esta es la tercera acción judicial contra la política arancelaria de Trump y subrayó el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan mayores costos de importación en insumos clave. “Una vez más, el presidente está elevando los costos de los bienes cotidianos para las familias y los comercios de Oregón”, señaló al anunciar que vuelve a encabezar una coalición multiestatal para frenar las medidas.
Respuesta de la Casa Blanca y estados que integran la demanda
La Casa Blanca rechazó los cuestionamientos y defendió la legalidad de la estrategia comercial. Voceros oficiales remarcaron que las acciones tomadas bajo la Sección 301 constituyen una “herramienta legalmente duradera” utilizada desde el primer mandato de Trump y continuada en la administración actual para presionar sobre prácticas consideradas desleales por parte de otros países.
Además de Nueva York y Oregón, se sumaron a la demanda Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y Wisconsin. El caso se configura así como uno de los principales desafíos legales a la nueva ronda de aranceles y podría redefinir el margen de maniobra del Ejecutivo estadounidense en materia de política comercial para los próximos años.
