La venta de 200 mil hectáreas que incluían la localidad de Valle Hermoso impulsó la sanción de la ley que limita la compra de tierras por parte de extranjeros. El antecedente volvió al centro del debate por la reforma que impulsa el Gobierno nacional

El debate sobre la reforma de la Ley de Tierras volvió a poner en escena un antecedente que marcó la historia reciente de la legislación argentina: la compra de 200 mil hectáreas en La Rioja por parte de un empresario estadounidense, una operación que incluyó un pueblo completo con sus habitantes, viviendas, escuela, capilla, puesto sanitario y las fuentes de agua de la zona.
El hecho ocurrió en 2008, cuando la localidad de Valle Hermoso quedó comprendida dentro de una operación inmobiliaria que, además de campos y montañas, incorporó toda la comunidad al paquete de tierras adquirido por el inversor extranjero.
Ese episodio se convirtió en uno de los principales argumentos que impulsaron la sanción de la Ley 26.737, aprobada en 2011 para establecer límites a la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.
El antecedente recobró actualidad mientras el Senado se prepara para debatir el proyecto del Gobierno nacional que propone modificar esa normativa. La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza buscaba originalmente eliminar las restricciones, aunque ante la falta de consenso el oficialismo avanzaría con una propuesta para elevar el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras.
Actualmente, la ley establece que la propiedad extranjera no puede superar el 15% del territorio nacional, provincial y departamental. La propuesta oficial elevaría ese tope a un porcentaje de entre el 20% y el 25% por provincia y eliminaría el límite por departamento.
El conflicto que marcó un precedente
El fiscal de Estado de La Rioja, Emilio Rodríguez, quien intervino en la defensa de los habitantes de Valle Hermoso, advirtió sobre los riesgos de modificar la legislación vigente y recordó las consecuencias que tuvo aquella operación.
“Después de una década de batalla judicial, logramos que se reconozca la posesión de la gente que vive en Valle Hermoso, un pueblo que fue vilmente rematado”, afirmó en diálogo con Futurock.
Según explicó, la compraventa significó en los hechos la privatización de toda una comunidad.
“Todo el pueblo fue vendido como una mercancía cualquiera. Se las compraron a un grupo de abogados que habían obtenido el remate de esas tierras. Nosotros lo reclamamos porque fue una maniobra casi clandestina”, sostuvo, según publicó Perfil.
Rodríguez remarcó además que el caso permitió visibilizar la diferencia entre la titularidad registral de un inmueble y la posesión efectiva de la tierra por parte de quienes la habitan y trabajan. Esa situación terminó convirtiéndose en uno de los fundamentos que derivaron en la sanción de la Ley de Tierras.

