Altísima adhesión al paro docente y críticas a la gestión de Insfrán
NewsITe
El regreso a las aulas en Formosa quedó atravesado por un paro docente de amplio alcance, que volvió a poner bajo la lupa la política salarial del gobernador Gildo Insfrán. Gremios del sector denunciaron que, en lo que va del año, el poder adquisitivo de los maestros sufrió una caída superior al 30% y que la administración provincial mantiene en silencio un pedido formal de recomposición presentado hace más de un mes.
La medida de fuerza se enmarcó en un paro nacional convocado para exigir la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la reapertura de la paritaria nacional y mayores recursos para el sistema educativo. Sin embargo, en Formosa el conflicto sumó un fuerte componente local: los sindicatos cuestionan la ausencia de paritarias provinciales y la falta de respuestas concretas del Ejecutivo a reclamos acumulados.
Manuel Pereyra, secretario general de Voz Docente, confirmó un alto nivel de acatamiento, con menos movimiento urbano, establecimientos cerrados y relevamientos oficiales en distintas escuelas. Desde la organización recordaron que, a comienzos de julio, presentaron una nota al gobernador solicitando aumentos para el segundo semestre y la apertura de una mesa de negociación salarial. A inicios de agosto, aseguran, todavía no había habido contestación.
De acuerdo con los cálculos del gremio, la pérdida de poder de compra supera el 30% en 2026, tomando como referencia la evolución de precios y los incrementos otorgados. El Gobierno provincial, hasta el momento, no difundió una serie salarial detallada que permita contrastar estos datos y desactivar las críticas. La discusión se trasladó así al terreno político y a las calles, con escuelas sin actividad y docentes que reclaman una actualización periódica de sus haberes.
Reclamos gremiales y el impacto del costo de vida
El pliego de pedidos de Voz Docente incluye, además de la recomposición salarial, el cumplimiento estricto del Estatuto Docente, la realización de concursos de antecedentes y oposición, y la normalización de la Junta de Clasificación y Disciplina. Los sindicatos insisten en que no se trata solo de acompañar una protesta nacional, sino de exponer una problemática propia de la provincia, vinculada a decisiones tomadas en los despachos de la Casa de Gobierno formoseña.
El diagnóstico es aún más severo para Docentes Autoconvocados. Su secretaria gremial, Nilda Patiño, reclamó un salario mínimo de 3 millones de pesos y la puesta en marcha de un plan de desendeudamiento para el sector. Según explicó, numerosos trabajadores de la educación ya figuran como morosos incobrables y enfrentan una situación financiera que describió como “agobiante y atroz”.
Para graficar el deterioro, Patiño mencionó que un alquiler de un departamento de dos dormitorios ronda los 550.000 pesos, mientras que una boleta de luz en verano puede alcanzar los 200.000 pesos. También cuestionó que se les exija cargar asistencias, calificaciones y datos de comedores en plataformas digitales sin brindar ni computadoras ni teléfonos adecuados, lo que suma presión y costos a un salario que consideran insuficiente.
Control nacional, silencio provincial y posibles nuevas medidas
Durante la jornada, la Agencia Territorial Formosa del Ministerio de Capital Humano relevó ocho escuelas para verificar el cumplimiento del piso de actividad establecido por la Ley 27.802. Su director, José Cánepa, evitó difundir porcentajes de adhesión al paro y aclaró que el operativo no recogió nombres de docentes, sino que se limitó a observar el funcionamiento general de los establecimientos.
Patiño aseguró que, mientras la Nación controlaba algunas escuelas abiertas, en otros puntos de la provincia había instituciones directamente cerradas. El gobierno formoseño, por su parte, no publicó un parte oficial con la cantidad de edificios en actividad, docentes adheridos o alumnos afectados, lo que sumó más interrogantes al ya tenso escenario educativo.
La protesta dejó al descubierto una contradicción política entre los propios actores gremiales. Pereyra consideró que el alto acatamiento se vio favorecido porque el reclamo se dirigía principalmente contra el Gobierno nacional, y no contra Insfrán. Patiño, en cambio, denunció que algunas delegaciones zonales apoyan el paro federal pero luego presionan a quienes participan de medidas de fuerza de carácter provincial.
Para los sindicatos, el conflicto ya no puede presentarse solo como una disputa con la Nación: apuntan a la falta de paritaria provincial, a la nota sin respuesta y al endeudamiento creciente de los docentes bajo la órbita del gobierno de Gildo Insfrán.
Con este telón de fondo, los gremios formoseños ya evalúan un nuevo paro para el 6 de agosto. La salida al conflicto dependerá de si la Provincia convoca finalmente a una mesa formal de diálogo con fecha y temario precisos, o si persiste el silencio que viene trasladando la discusión desde los ámbitos institucionales hasta las puertas cerradas de las escuelas.
