Un fallo clave del Comité de la ONU y su impacto en el caso Cristina
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El jurista argentino Fabián Salvioli, ex presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, explicó cuál puede ser el efecto concreto de una resolución de ese organismo sobre la condena de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En diálogo con Radio Rivadavia, remarcó que las decisiones del Comité “son vinculantes” para la Argentina, aunque aclaró que no tiene facultades para declarar si la dirigente es culpable o inocente de los delitos por los que fue condenada.
Salvioli fue consultado a partir de la presentación que realizaron los abogados de la ex mandataria ante el Comité, donde solicitan que se la rehabilite para ocupar cargos públicos y se revise la situación de su prisión domiciliaria. El especialista precisó que el organismo internacional analiza si el Estado violó o no el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que tiene jerarquía constitucional en el país.
“El Comité no puede pronunciarse sobre la inocencia o culpabilidad de Cristina Kirchner. Lo que evalúa es si la actuación del Estado argentino fue compatible con las obligaciones que surgen del Pacto”, sostuvo. En ese sentido, señaló que el parámetro de arbitrariedad que utiliza el organismo “es muy alto” y que solo interviene cuando detecta una “arbitrariedad muy manifiesta”, porque de otro modo correría el riesgo de transformarse en una suerte de tribunal de apelación internacional por encima de la Justicia local.
El ex titular del Comité recordó que las conclusiones de este órgano se presentan formalmente como recomendaciones, pero subrayó que la comunidad internacional las entiende como decisiones vinculantes. “Al ser la última instancia en la que se resuelven derechos de una persona, lo lógico es que sus fallos sean considerados obligatorios. Un Estado no puede ser juez y parte”, enfatizó.
Consecuencias para la Argentina si no acata un fallo
Salvioli remarcó que, al tener el Pacto de Derechos Civiles y Políticos rango constitucional, el Estado argentino está jurídicamente comprometido a cumplir las decisiones del Comité. De no hacerlo, advirtió, el país podría incurrir en un “ilícito internacional” y sufrir un fuerte “desprestigio” en el plano global, algo que choca con la tradición democrática de la Argentina, que históricamente tendió a acatar los pronunciamientos de los órganos internacionales de derechos humanos.
El jurista recordó que, durante su presidencia en el Comité, el organismo llegó a ordenar la conmutación de penas de muerte dictadas en procesos considerados injustos y, en casos de “arbitrariedad escandalosa”, incluso recomendó revisar juicios, anular condenas y disponer la puesta en libertad de personas afectadas. En el expediente que involucra a Cristina Kirchner, indicó que los requisitos formales de la presentación —presentada por los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego— ya están cubiertos, y que ahora será tarea de los 18 expertos independientes que integran el Comité analizar el fondo del planteo.
- El Comité de Derechos Humanos de la ONU no decide sobre la culpabilidad penal de Cristina Kirchner.
- Sí puede determinar si el Estado argentino violó el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el proceso que la afecta.
- Un eventual fallo adverso para el Estado sería considerado vinculante y su incumplimiento dañaría la imagen internacional del país.
“Argentina tiene, en democracia, una tradición de cumplimiento de las decisiones de los órganos internacionales”, destacó Fabián Salvioli.
De este modo, el caso de Cristina Fernández de Kirchner se traslada parcialmente al escenario internacional, donde se pondrá bajo la lupa la actuación del Estado argentino en términos de garantías y estándares de derechos humanos. El resultado del análisis del Comité podría traducirse en un nuevo capítulo judicial y político para la causa que involucra a la ex presidenta.
