El incremento autorizado por la Dirección General de Cultura y Educación será del 5,5% para agosto y del 2,5% para septiembre en los establecimientos educativos de gestión privada con aporte estatal. Esto representa un incremento acumulado en el bimestre de 8,1%, en relación con el último esquema que regía hasta ahora. Pese al incremento en las cuotas, desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) aseguran que el sector tiene un atraso del 30%.

De la Redacción de EL NORTE
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El Gobierno bonaerense autorizó nuevos cuadros tarifarios que regirán desde agosto en los establecimientos que reciben aportes estatales, para afrontar parte de los gastos de funcionamiento, según indicó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA). También se habilitaron los nuevos valores para el mes de septiembre.
Según explicó la entidad que agrupa a los institutos de todo el país, en la provincia de Buenos Aires, el incremento autorizado por la Dirección General de Cultura y Educación será del 5,5% para agosto y del 2,5% para septiembre en los establecimientos educativos de gestión privada con aporte estatal. Esto representa un incremento acumulado en el bimestre de 8,1%, en relación con el último esquema que regía hasta ahora.
Teniendo en cuenta el acumulado desde principios de año, los aumentos en los aranceles de colegios privados durante el primer semestre alcanzaron el 17 por ciento, contabilizando las recomposiciones de marzo, abril, mayo y junio del presente ciclo lectivo, poco más que la inflación en los primeros seis meses del año que fue del 16.8%. A ello se agregan ahora las recomposiciones previstas para agosto y septiembre del 8 por ciento.
Según el nuevo cuadro, en nuestra ciudad los aranceles de los colegios privados tienen una base de entre $80.000 y $90.000 en los establecimientos más accesibles, y superan los $230.000 en escuelas con mayor carga horaria y menor aporte estatal. Ello considerando, también, que a las horas curriculares se agregan las extracurriculares que no están alcanzadas por el aporte estatal, lo cual encarece los costos que componen la cuota mensual.
Denuncian un atraso del 30 por ciento
El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, explicó que el alza se da luego que se conociera un nuevo ajuste salarial para los docentes bonaerenses del 7%. Pese al incremento en las cuotas, aseguró que el sector tiene un atraso del 30% por aumentos docentes del mes de enero que no fueron trasladados a las cuotas.
Según indicó, los administradores educativos registran un aumento de la morosidad en los pagos, mayores costos fijos que no logran cubrir con los aranceles y una disminución de la matrícula.
Zurita, consideró que este nuevo incremento “no permite a los institutos emparejar todos los aumentos de costos y las subas salariales que deben afrontar las instituciones. Esos costos extras deben ser financiados con recursos de los institutos, sobre todo en un contexto donde el sector tiene dificultades con la morosidad en el pago de cuotas, reducción de la matrícula por el descenso de la natalidad, mayores erogaciones por el mantenimiento de los edificios escolares, problemas financieros por aumentos salariales cuyos incrementos de aranceles no fueron autorizados en el momento correspondiente, entre otras cuestiones”.
“Estamos en contacto permanente con las autoridades de todas las jurisdicciones para tratar de encontrar soluciones a esos inconvenientes y evitar que empresas dedicadas a la educación por décadas deban cerrar cursos, reducir servicios o dejar de ofrecer educación a las familias que las han elegido”, agregaron desde la entidad.
En la Argentina, hay unas 17.000 instituciones educativas privadas, de las cuales casi un 60% recibe algún tipo de subvención estatal, que va desde el 20% hasta el 100%.
En la provincia de Buenos Aires funcionan alrededor de 4800 colegios privados que reciben subvención del Estado para pagar parte de los sueldos docentes.
⚪ Zurita consideró que este nuevo incremento “no permite a los institutos emparejar todos los aumentos de costos y las subas salariales que deben afrontar las instituciones”.

