Con el enigmático caso de Juan Carlos Woldryk como emblema y la sombra de la Unidad Penal N° 3 de San Nicolás en el centro de la escena, la Legislatura provincial debate frenar los “call centers del delito” que operan intramuros. Entre los proyectos que esperan tratamiento se encuentra uno presentado por el bloque HECHOS, que establece la prohibición total y absoluta del ingreso, tenencia o uso de cualquier dispositivo con conectividad individual dentro de los establecimientos.
De la redacción de EL NORTE
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La preocupante vigencia de los delitos virtuales planificados desde el interior de los penales ha devuelto al centro del debate público la necesidad urgente de regular la conectividad de los internos. Diversas fuerzas políticas en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires impulsan con fuerza proyectos de ley para prohibir de forma definitiva el uso de teléfonos celulares en las cárceles bonaerenses, buscando dar marcha atrás con el protocolo excepcional otorgado durante la pandemia de COVID-19. Para nuestra región, el debate no es abstracto: tiene nombre, apellido y una herida abierta que lleva más de cuatro años de misterio: Juan Carlos Woldryk.
El caso del peón rural de 30 años, desaparecido el 30 de marzo de 2022 en un establecimiento de Bolívar, se ha convertido en el caso insignia y bandera de quienes exigen desmantelar estas plataformas delictivas. La investigación judicial confirmó que Woldryk fue víctima de una feroz red de sextorsión y amenazas económicas. Los audios y mensajes intimidatorios que destruyeron su estabilidad psicológica se originaron íntegramente desde la Unidad Penal N° 3 de San Nicolás, utilizando los smartphones autorizados a los reclusos. Mientras el paradero del trabajador sigue siendo un enigma absoluto, los dispositivos en las celdas continuaron funcionando.
Las iniciativas parlamentarias presentadas recientemente en ambas cámaras bonaerenses plantean de manera unánime que un teléfono celular en manos de un preso funciona, en la práctica, como un arma de fuego virtual. Conexiones de datos libres y tarjetas SIM sin control oficial han transformado las celdas en “plataformas operativas para delinquir”, facilitando fraudes millonarios, ciberataques, manejo de narcotráfico y extorsiones complejas.
Los proyectos
Los expedientes bajo análisis proponen profundas reformas a la Ley N° 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense. Entre ellos se encuentra uno presentado por el bloque HECHOS, a mediados de marzo de 2026. El eje técnico apunta a la prohibición total y absoluta del ingreso, tenencia o uso de cualquier dispositivo con conectividad individual dentro de los establecimientos. Exige la instalación obligatoria de sistemas tecnológicos de bloqueo e inhibidores de señal en los perímetros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
En sus fundamentos plantea la necesidad de retrotraer de manera definitiva la situación carcelaria a los niveles previos a la pandemia de COVID-19.
También está en análisis un proyecto bajo el nombre “Ley Rodrigo“, impulsado por La Libertad Avanza. Es una de las propuestas con mayor visibilidad mediática, respaldada activamente por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Fue elaborado por el diputado Oscar Liberman en homenaje a Rodrigo Gómez, un soldado destinado en la Quinta de Olivos que se quitó la vida tras sufrir una extorsión originada en el Penal de Magdalena. Propone reformar de raíz la Ley N° 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense. Elimina la libre posesión de terminales y establece un máximo estricto de dos horas diarias de comunicación por detenido.
Las llamadas deberán hacerse bajo estricta fiscalización del Estado, restringiendo el uso corporativo de datos móviles o internet.
Además, el senador provincial y titular del bloque PRO, Pablo Petrecca, junto al senador Alex Campbell, presentó un proyecto que busca erradicar los smartphones de las celdas. Propone reemplazar el esquema de telefonía móvil por centros de comunicación estatales intramuros, basados en telefonía fija o terminales digitales cerradas sin acceso a internet. Establece agendas de horarios fijos, límites diarios, trazabilidad de llamadas salientes y un registro obligatorio de las identidades de los destinatarios.
En paralelo a los debates en la ciudad de La Plata, se ha articulado una red de presión desde los municipios del interior y el norte de la provincia. Concejales de distritos clave de la región han aprobado resoluciones por unanimidad para respaldar institucionalmente las reformas carcelarias que se discuten en la Legislatura, acelerando el consenso político.
