A través de una carta abierta, familiares de las víctimas rosarinas reclamaron reformas para fortalecer la fiscalización de medicamentos y prevenir nuevos episodios. El documento se conoció mientras la Justicia profundiza la investigación sobre el brote causado por las ampollas de fentanilo contaminado elaboradas por Laboratorio Ramallo y HLB Pharma.
La Comunidad de Familias Víctimas de Fentanilo de Rosario publicó en las últimas horas una carta abierta en la que volvió a reclamar respuestas tras la tragedia sanitaria que tuvo su origen en las ampollas de fentanilo contaminado elaboradas por los laboratorios Ramallo y HLB Pharma. A la par de la publicación del documento, la Justicia federal profundiza la investigación sobre el brote que dejó 114 víctimas fatales y 50 sobrevivientes.
En el escrito, los familiares sostuvieron que el caso dejó al descubierto fallas en los controles sanitarios y plantearon que la respuesta no debe agotarse en el proceso judicial. Su objetivo, señalaron, es impulsar cambios que permitan prevenir nuevos episodios similares y fortalecer el sistema de fiscalización de medicamentos.
La carta plantea la necesidad de revisar los procedimientos de control, reforzar la fiscalización y garantizar los derechos de los pacientes. Además, propone avanzar con medidas como la plena implementación de la Ley Nicolás, una ley de trazabilidad de medicamentos y el cumplimiento efectivo de las normas destinadas a proteger a quienes reciben tratamientos médicos.
Entre los conceptos más contundentes del documento, las familias afirmaron que “la respuesta institucional no puede limitarse al ámbito de la Justicia”. También reiteraron “la necesidad urgente de revisar procedimientos, fortalecer la fiscalización y garantizar que los derechos de los pacientes sean plenamente respetados”, al considerar que la tragedia expuso falencias que requieren cambios estructurales.
El origen de la causa
El caso comenzó en mayo de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote infeccioso en pacientes que habían recibido ampollas de fentanilo elaboradas por Laboratorio Ramallo y por HLB Pharma Group. A partir de esa alerta se inició una investigación que permitió vincular el medicamento con decenas de infecciones registradas en distintas provincias del país.
Con el avance de los análisis, la Justicia determinó que las ampollas estaban contaminadas con bacterias y amplió la pesquisa sobre el proceso de elaboración, control de calidad y distribución del producto. La causa tiene actualmente 13 procesados, entre ellos Ariel García Furfaro, propietario de Laboratorio Ramallo y HLB Pharma, además de otros directivos y responsables de ambas firmas.
La investigación judicial
En los últimos días, el juez federal Ernesto Kreplak dispuso el secreto de sumario luego de que la fiscal María Laura Roteta solicitara nuevas medidas para avanzar sobre las responsabilidades de funcionarios y exfuncionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Ambos organismos dependen del Ministerio de Salud de la Nación y tienen a su cargo el control de los medicamentos que llegan al mercado.
Entre los 13 procesados se encuentra Dayana Astudillo, de origen venezolano y residente en San Nicolás, quien apeló la resolución del juez Ernesto Kreplak. Su defensa sostiene que cumplía tareas documentales y administrativas, sin poder de control, y que no intervenía en microbiología, producción, ensayos ni liberación de lotes.
Además, a comienzos del pasado mes de junio, la defensa de García Furfaro, señalado como el principal acusado por el fentanilo contaminado, también pidió que sea citado a declarar Andrés Quinteros, expresidente del Concejo Deliberante de San Nicolás. Los abogados del empresario sostienen que el exedil mantuvo reuniones con funcionarios de la ANMAT y que su testimonio podría aportar información sobre esas gestiones, que consideran relevantes para la defensa.
Mientras la investigación judicial continúa incorporando nuevas medidas, las familias de las víctimas insistieron en que su reclamo busca que la tragedia trascienda las responsabilidades penales. En ese sentido, sostuvieron que el caso debe convertirse en un punto de partida para mejorar los controles sanitarios y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
