El oficialismo apura acuerdos para reformar el blanqueo de dólares
La Cámara de Diputados se prepara para abrir agosto con un debate clave: la reforma de la ley de Inocencia Fiscal, herramienta central del Gobierno para intentar sumar al sistema financiero una parte de los dólares que hoy permanecen fuera del circuito formal. El Poder Ejecutivo enviará en los próximos días el proyecto con las modificaciones, que el oficialismo buscará tratar con rapidez.
Tras el receso de invierno, La Libertad Avanza (LLA) encarará una ronda de negociaciones con los bloques dialoguistas —entre ellos la UCR, el PRO, Innovación Federal y espacios provinciales— para repetir la alianza que en diciembre permitió la aprobación del esquema vigente. Sin esos apoyos, el oficialismo no alcanza el número necesario para abrir el recinto ni para sancionar la ley.
El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y las autoridades de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, respectivamente, serán los encargados de tejer los acuerdos. Hoy LLA cuenta con 95 diputados y necesita al menos 34 voluntades adicionales para llegar al piso de 129 presentes que habilite el tratamiento en el recinto.
Los cambios que impulsa el Gobierno
El proyecto oficial apunta a reforzar el objetivo original del blanqueo: que los ahorristas que mantienen dólares “bajo el colchón” puedan declararlos y sumarlos al sistema, en un contexto en el que persiste la desconfianza hacia los bancos. Fuentes legislativas estiman que aún quedarían sin declarar alrededor de 170.000 millones de dólares de residentes argentinos.
Entre los cambios que se analizan, LLA propondrá que más contribuyentes puedan acceder al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, que hoy está reservado para quienes declaran ingresos anuales de hasta mil millones de pesos y un patrimonio de hasta 10.000 millones. La idea es ampliar ese universo y ofrecer mayores incentivos para el sinceramiento fiscal.
Otro punto sensible es el nivel de control de la AFIP (mencionada en el texto original como ARCA). La ley actual prevé revisiones automáticas cuando se detectan discrepancias superiores al 15% entre los ingresos y los bienes declarados. El nuevo proyecto elevaría ese umbral al 30%, lo que, según el oficialismo, otorgaría mayor previsibilidad y menos conflictividad a los contribuyentes que adhieran al régimen.
La posición del peronismo y el foco en los funcionarios
Mientras el Gobierno busca ampliar la base del blanqueo, Unión por la Patria prepara su propia batería de cambios, concentrada en un punto específico: impedir que los funcionarios públicos y sus familiares directos se beneficien del régimen simplificado. El proyecto, impulsado por el diputado Eduardo Valdés, alcanza a los integrantes de los tres poderes del Estado.
El debate se reavivó luego del escándalo por el incremento patrimonial del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien utilizó la ley de Inocencia Fiscal para rectificar su declaración jurada. Desde la oposición peronista sostienen que este tipo de casos dañan la credibilidad del sistema y reclaman una cláusula que excluya a los denominados “políticamente expuestos”.
- El oficialismo necesita construir una mayoría de al menos 129 diputados para avanzar.
- El proyecto busca captar parte de los 170.000 millones de dólares no declarados.
- La oposición plantea límites estrictos para funcionarios y familias.
El futuro de la reforma de la ley de Inocencia Fiscal dependerá de la capacidad de LLA y los bloques dialoguistas de acordar un esquema que combine incentivos al blanqueo con controles y restricciones para los funcionarios públicos.
Con posiciones todavía en discusión y un calendario legislativo ajustado, agosto se perfila como un mes determinante para conocer hasta dónde llegará el nuevo blanqueo y qué márgenes de control y transparencia aceptará el sistema político.
