La historia criminal detrás de “la envenenadora de Valencia”
NewsITe
Pilar Prades Expósito, conocida como “la envenenadora de Valencia”, quedó en la historia criminal de España como la última mujer ejecutada en ese país. Su caso, que estremeció a la sociedad de los años 50, combinó elementos de pobreza, vulnerabilidad y una cadena de muertes por envenenamiento con arsénico que sacudieron a la ciudad de Valencia.
Nacida en 1928 en Bejís, en el seno de una familia humilde, Prades se trasladó a los 12 años a Valencia para trabajar como empleada doméstica. Analfabeta e introvertida, fue rotando por distintas casas de familia hasta que, en 1954, ingresó al hogar y al negocio de chacinería del matrimonio compuesto por Enrique Vilanova y Adela Pascual. Además de las tareas domésticas, atendía el comercio cuando la clientela se multiplicaba.
El 19 de marzo de ese año, Pascual enfermó de forma repentina. Al principio se diagnosticó una simple gripe, pero el cuadro se agravó y terminó con su muerte. Tras el fallecimiento de su esposa, Vilanova despidió a Pilar, cerró el local y abandonó Valencia, sin imaginar que tiempo después aquel episodio sería reanalizado como parte de una trama mortal mucho más amplia.
La empleada consiguió luego trabajo en la casa del médico militar Manuel Berenguer y su esposa, María del Carmen Cid. Llegó recomendada por la cocinera de la vivienda, Aurelia Sanz Hernanz. Poco después de la incorporación de Prades, Aurelia cayó gravemente enferma y debió ser internada. Su estado pareció mejorar, pero casi en paralelo la esposa del médico comenzó a presentar síntomas similares, lo que encendió las alarmas.
Sospechas, arsénico y una confesión bajo presión
Ante el inusual cuadro clínico repetido en dos mujeres del mismo entorno, Berenguer consultó a otros especialistas y se ordenaron estudios para detectar la posible presencia de veneno. Las sospechas se orientaron rápidamente hacia un posible envenenamiento con arsénico, sustancia accesible en la época en productos de uso doméstico y agrícola.
El médico, inquieto por la coincidencia de síntomas y la proximidad temporal de las enfermedades, decidió revisar el pasado laboral de Pilar Prades. Se contactó con Enrique Vilanova, su antiguo empleador, y al reconstruir la historia de la muerte de Adela Pascual las sospechas se fortalecieron. Finalmente, Berenguer presentó una denuncia formal contra la empleada doméstica.
La Justicia ordenó la exhumación del cuerpo de Pascual y los peritajes confirmaron lo que se temía: en el cadáver se hallaron restos de arsénico. Paralelamente, entre las pertenencias de Prades se encontró un frasco de matahormigas con base en esa misma sustancia, que los investigadores consideraron el presunto instrumento homicida.
Juicio, condena y la última ejecución femenina
Detenida e interrogada de manera exhaustiva, Pilar Prades habría confesado los hechos luego de estar 36 horas sin comer ni dormir, un contexto de presión que todavía hoy genera debates entre historiadores y especialistas en criminología. A pesar de que, siguiendo el consejo de su abogado, se declaró inocente durante el juicio, el tribunal la consideró culpable y la condenó a muerte.
La ejecución se llevaría a cabo mediante garrote vil, un mecanismo utilizado en España para aplicar la pena capital. El procedimiento consistía en un collar de hierro ajustado al cuello del condenado, atravesado por un tornillo con una bola en la punta que, al girarse, provocaba la rotura de las vértebras cervicales.
El verdugo designado fue Antonio López Sierra. Una leyenda extendida en torno al caso sostiene que se habría resistido a ejecutar a una mujer, aunque lo cierto es que finalmente cumplió con la orden. La muerte de Prades estaba fijada para las 6 de la mañana, pero se demoró más de dos horas ante la expectativa de un posible indulto, que nunca llegó.
El caso de Pilar Prades no solo cerró el capítulo de las ejecuciones femeninas en España, sino que también dejó al descubierto las tensiones sociales, judiciales y éticas de una época marcada por la pena de muerte.
Décadas después, la historia de la “envenenadora de Valencia” sigue despertando interés como uno de los episodios más controvertidos del crimen y la justicia en la España de mediados del siglo XX, y reabre el debate sobre las garantías judiciales, el contexto social de los acusados y el uso extremo del castigo capital.
