Es por un contrato de 9 meses de obras para dragar el canal con un presupuesto de 97 millones de dólares. ¿Por qué se decidió anular el concurso y licitar de nuevo?
Por Natalí Risso
Tras anular el viernes la licitación corta en curso para el dragado de la vía navegable troncal Paraguay-Paraná, la Administración General de Puertos (AGP) prepara las reglas para evaluar las propuestas técnicas en una nueva licitación que debería estar publicada en 20 días. Es por un contrato de nueve meses de obras para dragar el canal con un presupuesto de 97 millones de dólares. En la licitación anulada, quedaron descalificados tres de los cuatro grupos oferentes por no cumplir con algunos puntos que exigían los pliegos. Uno de ellos impugnó el dictamen y la AGP decidió dar marcha atrás y convocar a un nuevo procedimiento de ofertas.
“Teniendo en cuenta la vital importancia del transporte fluvio-marítimo para el comercio exterior y su incidencia en la balanza comercial, corresponde ponderar la experiencia de los proponentes en la ejecución de obras de dragado en ámbitos de similares características”, destacó la resolución de la AGP, anticipando de esta manera el peso que tendrán los antecedentes técnicos de los oferentes.
El organismo comenzó con el proceso licitatorio corto, que terminó anulando el viernes, en diciembre del año pasado, cuatro meses después de haber tomado la gestión de la vía navegable. La expectativa era contar con la revisión técnica y los resultados para enero de este año y poder realizar la firma licitatoria desde marzo a septiembre del 2022 cuando, según el cronograma original, debería comenzar a operar el consorcio definitivo.
Cuatro oferentes
Para el dragado se presentaron cuatro grupos oferentes: la Compañía Sudamericana de Dragados (CDS), empresa local de la belga Jan de Nul que opera en el lugar desde 1995 primero como integrante del consorcio Hidrovía S.A. y desde septiembre como contratista directa de AGP; Emepa de Gabriel Romero, asociada con la danesa Rodhe Nielsen encargada del dragado del puerto de Mar del Plata; la UTE conformada por la empresa belga Dredging International, la china CCCC Shangai Dredging y Servimagnus, del empresario local Ricardo Román con un antecedente poco feliz por haber incumplido obligaciones contractuales en las obras adjudicadas en el Canal Martín García; y la holandesa Boskalis que cuenta con experiencia en el dragado de algunos canales tanto en Argentina como en Brasil.
Pasado un mes, la comisión evaluadora de ofertas de la AGP dictaminó a principios de febrero que sólo CDS se encontraba habilitada para pasar a la segunda instancia licitatoria. Es que los otros tres consorcios fueron descalificados por no cumplir con algunos de los puntos que exigían los pliegos.
Rodhe Nielsen-Emepa presentó incumplimientos en competencia técnica, plan de trabajos y disponibilidad e información de equipos. La UTE conformada por la belga Dredging International-CCCC-Servimagnus no pudo garantizar la disponibilidad de equipos ni acreditar la competencia técnica requerida. La holandesa Boskalis fue descalificada por no cumplir con el plan de trabajos y memoria descriptiva, listado de personal, currículum de trabajadores, disponibilidad de equipos y competencia técnica.
En pugna
Conocida la resolución, dos de los consorcios descalificados decidieron dar pelea. Rodhe Nielsen junto con Emepa lo hizo de manera formal y, tras pagar una tasa de 800.000 dólares no reintegrable, impugnó el concurso para que se revise el dictamen de la AGP. En tanto Dredging International-CCCC y Servimagnus manifestó su rechazo por la vía política: enviaron una carta al ministro de Transporte Alexis Guerrera en disconformidad por la calificación negativa de los antecedentes técnicos dictaminados por la comisión evaluadora.
Ante la amenaza de que la impugnación de Emepa pudiera judicializarse y ralentizar aún más el proceso licitatorio, AGP decidió anular el proceso y realizar una nueva convocatoria con un nuevo proyecto de pliego de bases y condiciones que deberá estar listo antes del 7 de abril. La resolución firmada por José Beni destacó que “al quedar una sola propuesta en condiciones de ser precalificada, se ha visto acotado el grado de participación real y efectiva, frustrándose así la posibilidad de conocer mayor cantidad de ofertas económicas”.
En tanto CDS, la única empresa que había pasado el filtro técnico y por lo tanto perjudicada por esta decisión, aseguró en una comunicación interna que “se encuentra analizando el curso de acción a seguir ” y asegura estar dispuesta a “agotar todas las instancias disponibles para objetar esta medida a todas luces tendenciosa y carente de argumentos”.