Fiscalía boliviana avanza en causas por la mayor crisis reciente
NewsITe
La Paz volvió a quedar en el centro de la escena judicial y política. La Fiscalía de Bolivia informó que mantiene activas investigaciones contra 335 personas, acusadas de haber participado en los bloqueos y movilizaciones que, durante 53 días entre mayo y junio, paralizaron gran parte del país y profundizaron una crisis política, económica y social sin precedentes en los últimos años.
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, precisó que el Ministerio Público abrió 114 causas penales vinculadas a estos hechos, de las cuales 75 se iniciaron de oficio. Según el funcionario, hasta el momento hay 26 imputados que cumplen detención preventiva, mientras continúan las tareas para recolectar pruebas documentales, testimoniales y pericias que permitan sustentar cada una de las investigaciones en curso.
Los bloqueos afectaron las principales rutas troncales del país, interrumpiendo el transporte de combustibles, alimentos y mercancías. Esta situación aisló a varias ciudades, provocó un fuerte desabastecimiento de productos básicos y generó pérdidas millonarias para distintos sectores productivos. El conflicto se inscribe en un clima de alta tensión política entre el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira y organizaciones sociales y sindicales que cuestionan su gestión.
Torres remarcó que las investigaciones siguen abiertas y no descartó que la cantidad de personas procesadas aumente en las próximas semanas. “Tenemos 114 casos abiertos, 75 iniciados de oficio y 335 personas investigadas. Conforme al último dato, tenemos 26 personas que se encuentran con detención preventiva”, señaló al dialogar con la prensa local, al tiempo que evitó adelantar posibles decisiones futuras.
Dirigentes bajo la lupa y posibles nuevas detenciones
Entre los investigados se encuentran dirigentes de peso del movimiento obrero y de organizaciones sociales. Uno de los nombres que más atención concentra es el de Mario Argollo, máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), una de las estructuras sindicales más importantes del país y con fuerte capacidad de movilización.
De acuerdo con lo explicado por el fiscal, la situación de Argollo y de otros referentes será evaluada a partir de los informes elevados por la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno. Recién después de ese análisis se definirá si corresponde solicitar órdenes de aprehensión, emitir citaciones formales u optar por otras medidas procesales, en el marco de la estrategia general de la investigación.
- 335 personas se encuentran bajo investigación por distintos delitos relacionados con los bloqueos.
- Hay 114 causas abiertas, con 26 detenidos de manera preventiva por orden judicial.
- Los cortes de ruta generaron desabastecimiento, pérdidas económicas y tensión política.
“Se evaluarán los informes de la Policía y del Ministerio de Gobierno para determinar si corresponde emitir una orden de aprehensión o una citación”, afirmó el fiscal Luis Carlos Torres, al remarcar que no anticipará decisiones que formen parte de la estrategia de investigación.
Mientras tanto, el Gobierno busca recomponer la normalidad económica y social tras más de un mes de conflicto, en un contexto en el que persisten las acusaciones cruzadas entre autoridades, opositores y organizaciones sociales. El avance de las causas judiciales será clave para determinar responsabilidades individuales y el impacto político podría extenderse más allá de las fronteras bolivianas, en una región atenta a los episodios de conflictividad social.
