El Gobierno boliviano congela el precio de los combustibles por 12 meses
El Gobierno de Bolivia resolvió mantener congelados durante los próximos 12 meses los precios de la nafta, el diésel y otros combustibles, en el marco de un nuevo esquema de transición que busca dar previsibilidad al mercado interno mientras avanza la reforma del sector energético. La decisión quedó formalizada a través del Decreto Supremo 5652, firmado por el presidente Rodrigo Paz Pereira, que introduce cambios sobre la normativa vigente desde comienzos de año.
La medida extiende el régimen transitorio de precios establecido en el Decreto Supremo N.º 5516, aprobado en enero, y confirma que la gasolina especial seguirá vendiéndose a 6,96 bolivianos por litro, mientras que el diésel continuará a 9,80 bolivianos por litro. Durante este período, el Estado boliviano mantendrá el esquema de subvenciones para amortiguar el impacto del encarecimiento de las importaciones de combustibles sobre los consumidores y el aparato productivo.
Una de las principales novedades es la inclusión del gas natural vehicular (GNV) dentro del mismo marco de congelamiento, ya que inicialmente no estaba contemplado. La disposición también alcanza al gas licuado de petróleo (GLP) y a las gasolinas de aviación, lo que amplía el alcance de la política a todo el espectro de combustibles de uso masivo y estratégico en el país andino.
Nuevo mecanismo de cálculo atado al dólar y al precio internacional
El decreto establece que, una vez transcurridos los 12 meses de congelamiento, el precio interno de los combustibles se calculará con una fórmula que combinará tres componentes: el valor internacional de compra del carburante en dólares, el tipo de cambio promedio del último mes y un “factor de ajuste”. De esta manera, por primera vez se incorpora un mecanismo de indexación a las condiciones del mercado internacional de petróleo.
De acuerdo con la norma, el llamado factor de ajuste surge de dividir el valor 10,4003 por el tipo de cambio promedio mensual. En términos prácticos, esto implica que, mientras la cotización oficial del dólar se ubique por encima de ese parámetro, el Estado seguirá absorbiendo una parte del costo real de los combustibles, manteniendo un componente de subsidio para proteger a los usuarios finales y contener la inflación interna.
El rediseño del esquema de precios se enmarca en la transición cambiaria iniciada por Bolivia a fines de 2025, cuando empezó a desarmar gradualmente el régimen de tipo de cambio fijo vigente desde 2011 para avanzar hacia un sistema más flexible. Ese giro obligó a redefinir los criterios para fijar los precios internos de los combustibles, fuertemente influenciados por el valor del dólar y la evolución de las importaciones energéticas.
Apoyo financiero a YPFB y reconfiguración del sector energético
Para sostener el congelamiento de precios y garantizar el abastecimiento local, el Decreto Supremo 5652 autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a destinar hasta 1.000 millones de dólares a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Estos recursos estarán destinados a cubrir la brecha entre los costos de importación de combustibles y el precio de paridad internacional del petróleo, una diferencia que el Estado asume en el marco de su política de subsidios.
La cartera económica también queda facultada a aprobar fondos adicionales, incluso en moneda nacional, siempre que YPFB acredite necesidades financieras respaldadas por el Ministerio de Hidrocarburos o por el ente regulador correspondiente. Con este refuerzo, el Gobierno busca asegurar la provisión continua de combustibles en todo el territorio boliviano y evitar desabastecimientos en un contexto de mayor presión fiscal.
- Congelamiento por 12 meses de naftas, diésel, GLP, GNV y gasolinas de aviación.
- Nuevo cálculo futuro de precios vinculado al dólar y al valor internacional del crudo.
- Autorización de hasta US$ 1.000 millones para sostener a YPFB.
- Continuidad parcial de los subsidios para mitigar el impacto en los consumidores.
La decisión se inscribe en la reforma energética impulsada por el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira, que apunta a rediseñar el esquema de subsidios y actualizar el marco normativo de hidrocarburos, electricidad e inversiones.
Con esta combinación de congelamiento de precios, subsidios focalizados y un futuro sistema indexado a referencias internacionales, Bolivia intenta equilibrar la presión sobre las cuentas públicas con la necesidad de dar estabilidad a los hogares y a la actividad económica. El desarrollo de la nueva legislación energética será clave para determinar cómo se distribuirán, en los próximos años, los costos de la transición entre el Estado, las empresas y los usuarios.
