“Tres años en suspenso por 44 vidas resulta ofensivo”
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó la primera sentencia por el hundimiento del submarino ARA San Juan y desató una fuerte polémica entre los familiares de las víctimas. El excapitán de navío Claudio Villamide fue condenado a tres años de prisión en suspenso, mientras que el ex contralmirante Luis López Mazzeo, el ex capitán de navío Héctor Alonso y el ex capitán de fragata Hugo Correa resultaron absueltos.
Valeria Carreras, abogada querellante que representa a 35 familiares de los 44 tripulantes fallecidos, consideró que el fallo “resultó ofensivo” y anticipó que será apelado. Tras más de ocho años dedicada al caso, la letrada describió una mezcla de frustración y compromiso: por un lado, la expectativa de obtener justicia con penas de efectivo cumplimiento; por otro, la obligación profesional de analizar los fundamentos jurídicos de la resolución.
Carreras relató que, la noche del veredicto, se mantuvo hasta la madrugada en contacto con las familias y que el sentimiento predominante fue la “desazón”. La querella aguardará hasta el 21 de agosto para conocer en detalle los fundamentos del tribunal y, a partir de allí, definirá la estrategia de impugnación ante la Cámara de Casación, con el objetivo de revertir las absoluciones y endurecer la única condena dictada.
La abogada cuestionó que, tratándose de un caso con 44 víctimas fatales, la figura aplicada –estrago culposo agravado– tenga un techo de pena de cinco años, lo que habilita sentencias de cumplimiento en suspenso. En ese marco, adelantó que junto a su colega Lorena Arias trabajan en un proyecto de reforma del Código Penal para que las penas por estrago culposo se gradúen según la cantidad de fallecidos. La iniciativa, según adelantó, será presentada en el Congreso como propuesta independiente, sin el respaldo orgánico de ningún bloque.
Un fallo con impacto político e institucional
Más allá del desacuerdo con la sentencia, la querella considera que el caso sienta un precedente relevante. Para Carreras, el tribunal avanzó en un punto clave: reconocer que las muertes del ARA San Juan eran evitables y que no respondieron a una “tormenta perfecta” ni a impericias de la tripulación, como se argumentó en etapas previas de la causa. En su lectura, el fallo pone el foco en las condiciones de riesgo a las que fueron expuestos los submarinistas.
La letrada también subrayó el carácter inédito de que la Justicia Civil avance sobre responsabilidades de altos mandos de la Armada Argentina en un hecho con víctimas fatales. Aun así, entiende que se intentó “cortar la línea de mando” al absolver a López Mazzeo, quien, por su rango, se vinculaba directamente con el entonces presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Mauricio Macri, y con el ex jefe de la Armada, Marcelo Srur.
En paralelo, Carreras recordó que la querella impulsa una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el presunto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes durante el gobierno de Macri. Según detalló, fue la única parte acusadora en cumplir los requisitos formales para que el caso sea admitido, pese a las limitaciones económicas que afrontan las familias.
“Tres años en suspenso, por 44 vidas perdidas, resulta ofensivo. Esta es la desazón, esta es la cachetada”, definió Carreras al evaluar el alcance del veredicto.
Mientras se aguardan los fundamentos completos de la sentencia, las familias del ARA San Juan se preparan para una nueva batalla judicial en los tribunales argentinos y en instancias internacionales, con el objetivo de obtener una respuesta que, a su entender, aún está lejos de representar justicia plena por la tragedia ocurrida en 2017.
