La Corte Suprema confirmó el decomiso contra Cristina Kirchner
NewsITe
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el decomiso de $684.990.350.139,86 que deberá ser afrontado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros condenados en la denominada causa Vialidad. La resolución, a la que accedió Noticias Argentinas, consolida uno de los montos más altos fijados por la Justicia federal en un caso de corrupción estatal.
El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró inadmisibles los recursos presentados por las defensas. Los planteos cuestionaban, por un lado, la forma en que se actualizó el monto del decomiso y, por otro, la competencia del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 para llevar adelante esa etapa del proceso.
En la sentencia original del TOF N° 2, dictada el 6 de diciembre de 2022, se había fijado un decomiso de $84.835.227.378,04 por el perjuicio ocasionado al Estado a partir de 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz adjudicadas a empresas vinculadas a Báez. Aquella decisión establecía que la cifra sería actualizada cuando el fallo quedara firme, algo que ocurrió tras la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal y de la propia Corte.
El 13 de noviembre de 2024, Casación confirmó las condenas dictadas en primera instancia, y el 10 de junio de 2025 la Corte rechazó los recursos extraordinarios contra esos fallos, dejando firme la responsabilidad penal de los acusados. A partir de allí, el TOF N° 2 ordenó la detención de los condenados y avanzó con el cálculo definitivo del decomiso.
Cálculo del monto y argumentos de las defensas
Para actualizar la suma original, se recurrió a un trabajo conjunto del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, especialistas propuestos por las defensas y técnicos del Ministerio Público Fiscal. El cálculo se realizó utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025, período durante el cual la inflación impactó de manera significativa sobre el valor de los montos involucrados.
La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, insistió en que el decomiso fijado en la sentencia de 2022 era de carácter provisorio y cuestionó el uso del IPC como mecanismo de actualización. Alegaron que dicha metodología no había sido prevista originalmente y que implicaba una afectación desproporcionada del patrimonio de la ex mandataria.
- El TOF N° 2 había establecido un decomiso inicial superior a los $84 mil millones.
- La actualización por IPC elevó la cifra a casi $685 mil millones.
- El decomiso deberá ser afrontado solidariamente por todos los condenados.
Por su parte, la defensa de Lázaro Báez planteó que la competencia para tramitar el decomiso correspondía al Tribunal Oral Federal N° 4, que lo juzgó y condenó en la causa conocida como “la ruta del dinero K”. Según ese criterio, la unificación de las consecuencias patrimoniales debía resolverse en ese otro expediente. La Corte, sin embargo, descartó ese argumento y ratificó la potestad del TOF N° 2.
Alcance de las condenas en la causa Vialidad
En el fallo de diciembre de 2022, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El tribunal la absolvió, en cambio, por el delito de asociación ilícita, que también había sido parte de la acusación fiscal.
Además de la ex presidenta, fueron condenados el empresario Lázaro Báez; el ex secretario de Obras Públicas José López; el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti; y otros ex funcionarios que intervinieron en la adjudicación y ejecución de las obras vial en Santa Cruz. Todos quedaron alcanzados por el decomiso, que se aplica de manera solidaria sobre sus patrimonios.
Con esta decisión, la Corte Suprema cierra la discusión sobre el monto del decomiso en la causa Vialidad y deja firme el criterio de actualizar las cifras para reflejar el perjuicio económico real al Estado.
La resolución de este jueves consolida el tramo patrimonial de la causa y abre una nueva etapa de ejecución, en la que la Justicia deberá avanzar sobre bienes y activos de los condenados para efectivizar el decomiso. En paralelo, el fallo vuelve a ubicar en el centro de la escena pública el debate sobre el impacto económico de los casos de corrupción y los mecanismos disponibles para resarcir al Estado por los perjuicios ocasionados.
