Detenidos tras incidentes en la Municipalidad de La Plata
NewsITe
Una protesta de cooperativistas del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), organización vinculada a Juan Grabois, derivó este miércoles en serios incidentes y en la detención de alrededor de una veintena de manifestantes frente a la Municipalidad de La Plata. La movilización se originó por el anuncio de la no continuidad de contratos de cooperativas que realizaban tareas de mantenimiento urbano en la capital bonaerense.
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Las organizaciones sociales denunciaron que se trató de «detenciones arbitrarias» y responsabilizaron directamente al intendente Julio Alak por el operativo policial. «Hacemos responsable al intendente por las detenciones arbitrarias», remarcaron en un comunicado, en el que sostuvieron que la protesta se desarrollaba de manera pacífica y que nunca fueron recibidos por las autoridades municipales.
Desde la gestión platense rechazaron ese planteo y aseguraron que hubo destrozos en accesos al Palacio Municipal, rotura de vidrios, ventanas y vitrales del Salón Dorado y del Concejo Deliberante, además de agresiones a vecinos que participaban de una actividad educativa en el edificio. El municipio presentó una denuncia penal por daño agravado, lesiones y atentado a la autoridad, y se constituyó como particular damnificado.
Acusaciones cruzadas por el accionar policial y los contratos
Para el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), espacio que integra el MTE, el despliegue de la Policía Bonaerense fue «una cacería» que se precipitó cuando la movilización comenzaba a desconcentrarse. Como respuesta a las detenciones, las organizaciones convocaron a una concentración frente a la Comisaría 1ra, en 53 entre 9 y 10, para exigir la liberación de los arrestados.
El FOL remarcó que las cooperativas vienen sosteniendo desde hace dos décadas tareas de mantenimiento de barrios, zanjeo y reciclado, entre otras, con salarios que califican de «precarizantes», y advirtió que ahora se enfrentan a la doble amenaza de la pérdida de la fuente laboral y la criminalización de la protesta social.
La Municipalidad, por su parte, sostuvo que el MTE pretendía conservar una contratación directa de unos 90 millones de pesos mensuales, vigente desde 2011, y que se negó a participar del nuevo proceso de licitación pública para los servicios de barrido, limpieza de zanjas y corte de pasto en todas las delegaciones. Según el Ejecutivo local, el Tribunal de Cuentas bonaerense advirtió que ese tipo de contrataciones ya no podía renovarse de forma directa y debía canalizarse obligatoriamente por licitación.
- El municipio convocó a licitación a través del Boletín Oficial y medios privados los días 10 y 11 de junio.
- Según la comuna, todas las cooperativas y empresas interesadas compraron pliegos, excepto el MTE.
- La gestión de Alak afirma que reincidir en la contratación directa hubiera implicado violar la Ley Orgánica municipal.
Los incidentes durante un acto oficial y el saldo de heridos
De acuerdo con el relato oficial, los hechos de violencia comenzaron pasadas las 13, cuando en el Salón Dorado se realizaba un acto por el Día Internacional de la Prevención de Adicciones, con la participación de más de 300 vecinos, representantes de cultos, instituciones, entidades de bien público y escuelas. Para evitar riesgos, la salida del público debió demorarse por la pedrada que caía desde la calle.
La Municipalidad informó que un vecino resultó herido al ser alcanzado por una piedra que rompió uno de los vitrales, por lo que debió recibir asistencia médica del SAME. Además, seis efectivos de la Policía Bonaerense habrían sufrido lesiones durante los enfrentamientos con manifestantes. Desde el oficialismo local insistieron en que «el gobierno municipal de La Plata siempre ha estado abierto al diálogo, pero no aceptará ningún tipo de extorsión ni mecanismos violentos».
«El gobierno municipal de La Plata siempre ha estado abierto al diálogo, pero no aceptará ningún tipo de extorsión ni mecanismos violentos», subrayó la intendencia en un comunicado.
Mientras continúan las repercusiones políticas y judiciales del caso, las organizaciones sociales reclaman la liberación de los detenidos y la revisión de la política municipal hacia las cooperativas, en un contexto de fuerte tensión social y económica en el conurbano bonaerense.
