Crece la disputa judicial por el futuro de la histórica láctea
NewsITe
La cooperativa láctea SanCor, emblema de la industria argentina durante décadas, atraviesa su etapa más crítica: el proceso de venta de sus principales activos quedó inmerso en una dura pelea judicial que ya llegó a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Síndicos, acreedores y potenciales compradores buscan frenar o modificar la licitación definida por el juez civil y comercial de Rafaela, Marcelo Gelcich.
Tras el fracaso del concurso preventivo iniciado en 2025, Gelcich decretó la quiebra en abril de este año y aprobó, entre el 11 y el 12 de junio, el Pliego de Bases y Condiciones para licitar los bienes de la cooperativa. La valuación base se fijó en US$ 52,1 millones y se optó por dividir la venta en lotes: seis plantas industriales y un robusto portafolio de marcas, entre ellas SanCor, Mendicrim, Tolem y Quesabores.
Las plantas que saldrán a remate incluyen las unidades fabriles de Devoto (Córdoba) —la de mayor valuación individual, cercana a los US$ 7 millones—, Gálvez, La Carlota, Balnearia, San Guillermo y Sunchales. Esta última vio reducido su valor tras un incendio ocurrido en junio, rebaja que también fue objetada por carecer, según los cuestionamientos, de un respaldo pericial concluyente.
El pliego fija un costo de US$ 10.000 para acceder a la documentación licitatoria y exige una garantía del 10% del monto ofertado. Al menos seis grupos empresarios ya manifestaron interés en participar, tanto por la compra integral como por la adquisición parcial de los activos. En paralelo, el impacto social es fuerte: de los 914 empleados activos al inicio del proceso, sólo unos 178 siguen vinculados a la empresa, mientras que más de 700 fueron desvinculados.
Tres frentes que desafían el esquema de venta
La ofensiva judicial contra el sistema de licitación se organiza hoy en tres frentes bien diferenciados. El primero es el del síndico Juan Luis Tomat, quien denunció presuntas irregularidades en la administración de la quiebra. Afirmó que fue excluido del expediente digital durante semanas clave, cuestionó la designación directa de una coadministradora y exigió que se esclarezca el destino de unos 24.000 kilos de queso bajo garantía judicial.
El segundo frente lo encabeza el Frente Unificado por la Defensa de SanCor, que agrupa acreedores, tamberos, proveedores y exempleados. Representados por los abogados Aldo Regali y Juan Manuel Bergallo, solicitaron a la Corte santafesina la apertura de un Jury de Enjuiciamiento contra Gelcich y una medida cautelar de prohibición de innovar, con el objetivo de suspender la licitación.
- Denuncian una presunta subvaluación de activos y falta de transparencia en el manejo de bienes intangibles.
- Cuestionan límites a la actuación de la sindicatura y el rechazo de un plan alternativo de salvataje.
Ese plan, aseguran, fue descartado por haber sido presentado minutos después de dictada la sentencia de quiebra, pese a que proponía una vía distinta para preservar la continuidad productiva y las fuentes de trabajo.
ATILRA, la deuda laboral y el rol del empresario Gustavo Scaglione
El capítulo laboral es otro de los puntos sensibles. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) llegó a pedir formalmente la quiebra de la cooperativa, pero a la vez reclamó sostener la actividad industrial y buscar inversores. Al momento del colapso, SanCor acumulaba una pesada deuda preconcursal: 1.860 créditos laborales por unos $69.000 millones, salarios atrasados durante varios meses, medio aguinaldo impago y aportes retenidos y no girados a la obra social OSPIL, la mutual AMPIL y el propio sindicato. Sólo las obligaciones laborales de los meses previos superaban los $14.000 millones.
El tercer frente judicial lo protagoniza el empresario rosarino Gustavo Scaglione, titular de Fidulac S.A., que a la vez es acreedor y uno de los interesados en comprar los activos. El 19 de junio, su firma presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio para dejar sin efecto la resolución que habilitó la venta o, en su defecto, suspender todo el proceso hasta que se resuelvan las impugnaciones planteadas.
Scaglione cuestiona que las plantas y las marcas se vendan por separado, porque —según sostiene— se viola el principio de preservar la empresa como unidad económica que establece la Ley de Concursos y Quiebras y se podría reducir el valor final en perjuicio de los acreedores.
Además, objeta que no se haya realizado una comparación formal entre vender SanCor en bloque o fragmentada, y señala deficiencias en la intervención del Comité de Acreedores y la sindicatura en la elaboración del pliego. Aunque sus planteos no se articulan institucionalmente con los del Frente Unificado y el síndico Tomat, coinciden en ejes centrales: transparencia del proceso, valuación de activos y diseño de la licitación.
Por ahora, ninguna de las impugnaciones logró frenar el cronograma licitatorio. La definición quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que deberá decidir si convalida la venta segmentada de los activos o si ordena revisar de fondo el expediente de una de las cooperativas más emblemáticas del sector lácteo argentino.
