Diputados avaló el nuevo régimen para grandes inversiones
NewsITe
La Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI, una herramienta diseñada por el Ministerio de Economía para atraer mega proyectos productivos y tecnológicos al país. La iniciativa busca posicionar a la Argentina como destino competitivo frente a otros mercados emergentes que compiten por el mismo tipo de capitales.
El esquema apunta a inversiones de gran escala, con un umbral mínimo de 1.000 millones de dólares por proyecto, muy por encima de los 200 millones que exigía el RIGI original. El foco está puesto en actividades de frontera tecnológica y en sectores que hoy prácticamente no existen en el país o se encuentran en fase experimental.
Entre las industrias alcanzadas se destacan la industrialización de minerales críticos como litio y uranio, la producción de baterías y componentes para vehículos eléctricos, el desarrollo de energías renovables –como el hidrógeno verde–, turbinas eólicas, paneles solares, pequeños y medianos reactores nucleares, así como semiconductores e inteligencia artificial. El Gobierno apuesta a que estos proyectos generen empleos calificados, transferencia tecnológica y encadenamientos productivos locales.
El Súper RIGI ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años para los inversores que adhieran al régimen. Además, a diferencia del RIGI anterior, se establece una ventana temporal más amplia para ingresar: cinco años desde su puesta en marcha, con la posibilidad de una prórroga adicional. Al mismo tiempo, se trata de un esquema más restrictivo, ya que excluye proyectos basados en recursos naturales tradicionales, obras de infraestructura y ampliaciones de emprendimientos ya existentes.
Beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios
El paquete de incentivos contempla una reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias al 15%, muy por debajo de la vigente para el régimen general. También se habilita una amortización acelerada de las inversiones: 60% en el primer año y 20% en cada uno de los dos ejercicios siguientes, lo que mejora de manera significativa la ecuación financiera de los proyectos.
A esto se suma la posibilidad de acceder a certificados de crédito fiscal para cancelar el IVA y el pago de contribuciones patronales con una alícuota única del 10%. Los quebrantos, en tanto, podrán deducirse sin límite temporal, una condición valorada por los grandes fondos que operan con horizontes de largo plazo. En el caso de los dividendos, la carga impositiva será del 7%, con una reducción prevista al 3,5% luego de cuatro años de permanencia en el régimen.
- Ganancias reducida al 15% para los proyectos adheridos.
- Amortización acelerada de inversiones: 60% el primer año y 20% los dos siguientes.
- Créditos fiscales para IVA y contribuciones patronales al 10%.
- Dividendos con alícuota de 7%, que baja a 3,5% tras cuatro años.
- Estabilidad normativa y cambiaria garantizada por tres décadas.
En el plano del comercio exterior, el régimen prevé exenciones de derechos de importación, eliminación de retenciones a las exportaciones y la supresión de cupos y restricciones para operar. Además, se establece un esquema de disponibilidad progresiva de las divisas generadas por las ventas al exterior: a los tres años de iniciado el proyecto, los inversores podrán disponer libremente del 100% de los dólares exportados.
El Súper RIGI se presenta como una apuesta fuerte para atraer capitales a sectores de alta tecnología, aunque su alcance y efectos concretos dependerán de la reglamentación y de la respuesta de los inversores internacionales.
Con la media sanción en Diputados, el proyecto pasa ahora al Senado, donde se espera un debate intenso por el impacto fiscal de los beneficios otorgados y por el modelo de desarrollo productivo que propone. Mientras el Gobierno lo defiende como una condición necesaria para recuperar la confianza y generar dólares genuinos, sectores de la oposición y parte del arco sindical advierten sobre posibles inequidades frente a las empresas que no accedan a este régimen especial.
