Diputados aprobó el nuevo régimen para grandes inversiones
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La Cámara de Diputados otorgó este lunes media sanción al proyecto que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI, una herramienta impulsada por el Gobierno nacional para atraer megainversiones mediante amplios beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. La iniciativa fue aprobada con 130 votos afirmativos, 106 en contra y 7 abstenciones, y ahora será enviada al Senado para continuar su trámite legislativo.
El proyecto fue diseñado por el Ministerio de Economía con la intención de captar capitales orientados a sectores de frontera tecnológica y actividades que hoy no se desarrollan en el país o se encuentran en fases experimentales. Desde el oficialismo sostienen que, sin un esquema agresivo de incentivos, la Argentina quedaría relegada en la competencia global por inversiones estratégicas, en áreas como biotecnología, inteligencia artificial y nuevas tecnologías productivas.
En el arranque del debate, el diputado oficialista Bertie Benegas Lynch defendió el Súper RIGI asegurando que permitirá “salir de Cavernicolandia” y revertir décadas de desinversión. Argumentó que los países desarrollados hace tiempo incorporaron regímenes especiales para proteger la propiedad privada y garantizar seguridad jurídica, y que el capital elige radicarse en aquellos lugares donde encuentra previsibilidad y rentabilidad.
Apoyos y críticas cruzadas en el recinto
Desde la oposición, varias voces cuestionaron la profundidad de las exenciones y la falta de precisión sobre qué actividades serán alcanzadas. El diputado Mario Manrique (Unión por la Patria) calificó el diseño del régimen como “un negociado entre particulares” y lo vinculó con un “plan de entrega” de recursos estratégicos, asociado a otras normas en discusión, como las referidas a glaciares, propiedad privada y legislación laboral.
Por su parte, el radical Lisandro Nieri respaldó el esquema al destacar la experiencia del RIGI original, que según detalló ya aprobó 16 proyectos por unos 30.000 millones de dólares y evalúa otros 25 por 111.000 millones, con impacto estimado en 50.000 puestos de trabajo directos e indirectos. A su entender, el Súper RIGI apunta a inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares y busca captar proyectos de escala global que hoy analizan distintos destinos en el mundo.
Otro de los puntos destacados por los defensores del texto fue la incorporación de una cláusula de “Compre Nacional”, que obliga a destinar al menos el 20% de la inversión a proveedores locales, junto con incentivos reforzados para la inversión en investigación y desarrollo (I+D). Estos cambios fueron celebrados por el diputado Eduardo Falcone, quien señaló el aporte de cámaras empresarias y del MID en la redacción final.
Advertencias por el costo fiscal y la soberanía
Las objeciones más fuertes giraron en torno al posible costo fiscal, el impacto sobre las pymes y la distribución territorial de los beneficios. Martín Lousteau remarcó que el proyecto no define claramente qué actividades serán consideradas “genuinamente nuevas” y advirtió que la carga fiscal de los beneficios podría recaer en todas las provincias, aun cuando no todas logren atraer proyectos bajo el régimen. Afirmó que el Súper RIGI implica “la mayor concesión histórica” para grandes empresas.
En la misma línea crítica, Jorge Taiana sostuvo que la norma configura “un cheque en blanco al Poder Ejecutivo” y supone una “profunda cesión de soberanía”, al promover, según dijo, un modelo de “economía de enclave” basado en el extractivismo, en detrimento del desarrollo industrial, científico y tecnológico local.
- El proyecto obtuvo 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones.
- Prevé grandes exenciones fiscales y beneficios cambiarios y aduaneros.
- Incluye una cláusula de Compre Nacional del 20% para proveedores locales.
- Ahora deberá ser tratado en el Senado, donde podría sufrir cambios.
“El capital no tiene patria, va donde hay rentabilidad y seguridad institucional”, argumentó el oficialismo, mientras la oposición advirtió por el costo fiscal y la pérdida de soberanía.
Desde el oficialismo, Silvana Giudici defendió la iniciativa al afirmar que permitirá a la Argentina competir con países como México, Chile y España en la atracción de grandes proyectos, y remarcó que el régimen se orienta a actividades que hoy no existen en el país, por lo que “es imposible” que genere un costo fiscal sobre la recaudación actual. La pulseada se trasladará ahora al Senado, donde el Gobierno buscará consolidar la mayoría necesaria para convertir el Súper RIGI en ley en las próximas semanas.
