Diputados convirtió en ley el plan de pago a los últimos holdouts
NewsITe
La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley el proyecto que habilita el plan de pago a los dos últimos grupos de acreedores con demandas activas contra el Estado nacional por el histórico default de 2001. Con 139 votos afirmativos y 97 en contra, el oficialismo logró la media sanción que restaba para convalidar los acuerdos de conciliación alcanzados con los fondos Bainbridge Ltd. y el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP, a días de que venza el plazo dispuesto para cerrar la negociación.
El esquema acordado prevé el desembolso de 67 millones de dólares para Bainbridge y 104 millones de dólares para el grupo liderado por Attestor, bajo el mecanismo internacional de Entrega contra Pago (DVP). Esto implica que los fondos se liberarán de manera simultánea a la acreditación de los bonos, libres de gravámenes, para su inmediata cancelación y extinción, con lo cual se busca clausurar definitivamente uno de los últimos capítulos judiciales del default.
Desde el oficialismo destacaron que serán los propios holdouts quienes asumirán los costos legales generados por el litigio y que se incorporó una cláusula de standstill, que impide a los acreedores iniciar nuevas demandas o interferir en futuras operaciones financieras de la Argentina hasta que el proceso quede completamente saldado. También se remarcó que la aprobación legislativa permitirá levantar medidas de embargo vigentes en tribunales de Estados Unidos sobre activos soberanos, entre ellos acciones de Banco Nación, Aerolíneas Argentinas e instrumentos vinculados a YPF.
Los argumentos a favor: “Cerrar una herida de deshonra internacional”
El miembro informante del oficialismo, el diputado Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza), defendió la iniciativa al sostener que el acuerdo busca cerrar, después de 25 años, “una herida de deshonra internacional” originada en el default de 2001. Subrayó que, en las negociaciones, se obtuvo una quita cercana al 30% sobre el remanente reclamado, además de la exención al Estado del pago de honorarios legales, algo que, según remarcó, no es habitual en este tipo de conciliaciones.
Benegas Lynch argumentó que, de no aprobarse la ley, los acuerdos firmados se caerían y se reactivarían todas las acciones judiciales, con el consiguiente riesgo de aceleración de medidas de embargo y procesos de discovery en el exterior. Afirmó además que el compromiso de los acreedores de no iniciar nuevas demandas constituye, a su criterio, un paso clave para “normalizar” la relación financiera de la Argentina con los mercados internacionales.
Críticas de la oposición: temores de nuevo endeudamiento y falta de transparencia
Desde Unión por la Patria, el diputado Itai Hagman advirtió que el entendimiento representa “un paso más en un procedimiento que tiene como único objetivo volver a endeudar al país”. Cuestionó la forma en que se llevó adelante la negociación con los fondos buitre y planteó que el Estado argentino cerró un acuerdo sin contar con información precisa sobre los títulos involucrados, lo que, a su entender, limita el control parlamentario y ciudadano sobre el costo real de la operación.
En la misma línea, el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, reprochó que el Gobierno no haya informado el monto original de los bonos en disputa. Consideró que ese dato es central para evaluar si los 171 millones de dólares que se pagarán son razonables. Recordó también que las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010 y la cancelación de compromisos con el FMI buscaron priorizar, según su visión, “los intereses nacionales por sobre los de los fondos buitre”.
El diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal) sumó reparos desde otra perspectiva. Sostuvo que el proyecto no precisa con claridad de qué fuente surgirán los fondos para el pago —si de nuevo endeudamiento, de renta general o de reasignación presupuestaria— y advirtió que la norma carece de la asignación de recursos exigida por la Ley 24.156 de Administración Financiera. También señaló que, detrás de estas operaciones, suele haber un negocio del sector financiero con comisiones que “no siempre están a la vista”.
La izquierda y el debate de fondo sobre la deuda externa
Desde el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola ratificó la postura de su espacio a favor de romper con el FMI y desconocer soberanamente la deuda considerada ilegítima. Alertó que este acuerdo con Bainbridge y el grupo encabezado por Attestor sienta un precedente para nuevas obligaciones bajo jurisdicción extranjera, manteniendo a la Argentina bajo el riesgo permanente de embargos y litigios en el exterior.
En su discurso de cierre, la diputada Silvana Giudici (La Libertad Avanza) puso el foco en que ambos fondos cuentan con sentencia firme de la Justicia de Estados Unidos, lo que —según sostuvo— limita el margen de maniobra del Estado argentino. Valoró que se haya logrado una quita sobre esos montos y subrayó que el entendimiento incluye la devolución de acciones de clases A, B y D de YPF en poder de los acreedores, lo que, a su juicio, permitirá que la petrolera quede “libre de cualquier otro conflicto” y disminuya el riesgo de futuros embargos sobre activos estratégicos del país.
“Debemos discutir estos temas seriamente, defender los intereses nacionales y no los de los fondos buitre”, reclamó el bloque opositor, mientras el oficialismo insistió en que la ley es un paso necesario para cerrar los últimos juicios del default de 2001.
Con la sanción de esta norma, el Gobierno apuesta a despejar uno de los frentes judiciales más antiguos de la crisis de 2001, en medio de un debate de fondo que vuelve a poner en el centro la sostenibilidad de la deuda externa, el rol del Congreso en su supervisión y el impacto de estas decisiones en la economía real y en la credibilidad del país ante los mercados internacionales.
