Fallo federal obliga a normalizar prestaciones para personas con discapacidad
El Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba hizo lugar de manera total a una acción de amparo colectiva contra el programa Incluir Salud y el PAMI, y ordenó la inmediata regularización del pago de prestaciones básicas de salud destinadas a personas con discapacidad titulares de pensiones no contributivas.
La causa fue impulsada por la abogada y referente de la organización Defendamos Córdoba en temas de discapacidad, Marta Lastra, ante las severas demoras registradas en la cadena de pagos a instituciones, centros de día y profesionales que asisten a este colectivo. El fallo tiene alcance colectivo y protege a miles de beneficiarios en idéntica situación en todo el país.
En su resolución, el juez federal Miguel Vaca Narvaja advirtió que el Estado Nacional no puede invocar motivos de control o reordenamiento presupuestario para justificar el incumplimiento de obligaciones básicas que, en varios casos, se arrastran desde diciembre pasado. Según se constató en el expediente, hubo demoras de hasta cinco meses en la cancelación de servicios ya prestados por las instituciones.
Un llamado de atención al Estado Nacional
El magistrado sostuvo que perseverar en esta conducta omisiva podría generar responsabilidades civiles y penales para los funcionarios que sostengan el incumplimiento. Subrayó que se trata de un colectivo “sumamente vulnerable”, por lo que el Estado debe extremar los recaudos para garantizar el acceso a las prestaciones de salud y la continuidad de los tratamientos.
En el fallo se remarca que el Estado de Derecho implica el sometimiento de los gobernantes a la ley, y se conmina al Ministerio de Salud a cumplir de manera inmediata con la normativa vigente. La demora injustificada, precisó el juez, constituye un acto arbitrario e ilegal que habilita la vía del amparo para su corrección.
Impacto en hogares, instituciones y prestadores
La sentencia judicial busca ordenar un conflicto que se agravó a partir de cortes e irregularidades en la cadena de pagos estatales vinculados a la Ley de Emergencia en Discapacidad, incumplida por el Gobierno de Javier Milei, según surge de la resolución. La falta de cobros oportunos puso en jaque la sustentabilidad económica de hogares, centros de día, residencias y profesionales que brindan atención cotidiana a personas con discapacidad.
- El fallo tiene alcance colectivo y protege a miles de beneficiarios.
- Se acreditaron demoras de hasta cinco meses en los pagos.
- La Justicia ordena mantener al día la cadena de pagos en adelante.
“La asistencia integral a la discapacidad constituye una política pública del país”, remarcó el juez, y advirtió que los derechos vinculados al acceso a prestaciones de salud integrales no pueden quedar en meras declaraciones formales.
Con esta decisión, la Justicia federal envía una señal clara al Estado Nacional y a los organismos involucrados: la protección de las personas con discapacidad y la continuidad de sus tratamientos no pueden quedar supeditadas a ajustes administrativos o recortes presupuestarios. El cumplimiento estricto de la sentencia será clave para garantizar la estabilidad del sistema de atención y la dignidad de los beneficiarios.
