La comisión encargada de supervisar estos procedimientos confirmó que recibió la notificación a fines de 2024 y concluyó recientemente su análisis. Ahora, la Fiscalía deberá determinar si el médico actuó de acuerdo con los requisitos establecidos por la legislación vigente.
Las autoridades de Países Bajos confirmaron el primer caso de eutanasia practicada a un niño de entre 1 y 12 años desde la entrada en vigor de la nueva normativa que permite aplicar este procedimiento a menores con enfermedades incurables, sufrimiento insoportable y sin perspectivas de recuperación.
La ministra de Salud neerlandesa, Sophie Hermans, informó al Parlamento que la comisión encargada de evaluar los casos de interrupción tardía del embarazo y terminación de la vida en recién nacidos y niños recibió la notificación a finales de 2024 y recientemente concluyó el análisis del expediente.
Según detalló la funcionaria, la comisión examinó toda la documentación presentada, entrevistó al médico responsable y remitió su dictamen a la Fiscalía. El organismo judicial deberá determinar ahora si el profesional cumplió con todos los requisitos previstos por la ley. Las autoridades no difundieron la edad exacta del menor ni la enfermedad que padecía.
La normativa, vigente desde febrero de 2024, autoriza la terminación de la vida de niños de entre 1 y 12 años que se encuentren en fase terminal, sufran de manera insoportable y no tengan posibilidades de mejoría. El procedimiento exige el consentimiento de los padres y la evaluación favorable de al menos un médico independiente.
El informe oficial señala que este fue el primer caso registrado dentro de esta categoría desde la ampliación de la legislación, que anteriormente contemplaba únicamente a recién nacidos y a menores mayores de 12 años.
Cuando la ley fue aprobada, las autoridades estimaron que alrededor de cinco niños por año podrían reunir las condiciones necesarias para acceder a este procedimiento, principalmente pacientes con anomalías congénitas o enfermedades metabólicas graves.
La ampliación de la normativa generó un amplio debate político y ético en el país. Mientras sectores conservadores y grupos religiosos cuestionaron la medida, asociaciones médicas respaldaron la creación de un marco legal para casos considerados excepcionales por el nivel de sufrimiento de los pacientes.
Por otra parte, la comisión informó que durante 2025 recibió tres notificaciones de interrupciones tardías del embarazo vinculadas a fetos con graves daños cerebrales provocados por infecciones congénitas por citomegalovirus. En esos casos, concluyó que los médicos actuaron conforme a los criterios legales de diligencia establecidos.
El informe recuerda que tanto la interrupción tardía del embarazo como la terminación de la vida de recién nacidos o menores de 12 años continúan siendo conductas contempladas por el Código Penal neerlandés. Sin embargo, los profesionales pueden quedar exentos de responsabilidad penal cuando cumplen estrictamente las condiciones previstas por la ley y la comisión considera que actuaron con la debida diligencia.
Hasta el momento, la Fiscalía de Países Bajos no procesó a ningún médico en los casos evaluados por este organismo.
