El Gobierno boliviano busca restablecer la circulación en plena crisis
NewsITe
Bolivia comenzó este domingo a dar sus primeros pasos hacia la normalización del transporte y el abastecimiento, luego de más de seis semanas de bloqueos de rutas y protestas contra el Gobierno. Con el despliegue conjunto de fuerzas policiales y militares, el Ejecutivo ordenó despejar los principales corredores viales para permitir el ingreso de camiones con combustible y mercaderías hacia las ciudades más afectadas, entre ellas La Paz y El Alto.
Según datos oficiales, los puntos de corte se redujeron de alrededor de 50 a 31 en la última jornada, en el marco del estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz. Los operativos se concentraron especialmente en el tramo que une La Paz con Oruro, donde personal de Seguridad trabajó con maquinaria pesada para remover barricadas y obstáculos que paralizaron el tránsito durante semanas.
La reapertura parcial de los caminos permitió que comenzaran a ingresar camiones cisterna cargados con nafta y diésel, clave para aliviar la fuerte escasez de combustibles que afectó el transporte público, la producción y la vida cotidiana. También se habilitó el paso de vehículos con alimentos y oxígeno medicinal, insumos críticos para hospitales y centros de salud que estuvieron al borde del colapso.
Un conflicto atado a la peor crisis económica en cuatro décadas
El trasfondo del conflicto es la profunda crisis económica que atraviesa Bolivia, considerada por especialistas como la más grave de los últimos 40 años. A la caída de la actividad y la presión inflacionaria se sumó el malestar social por la distribución de combustible de baja calidad, que generó daños en miles de vehículos y encendió el descontento en distintos sectores.
Las protestas fueron encabezadas por organizaciones campesinas, comunidades indígenas, trabajadores mineros y grupos afines al expresidente Evo Morales. Esto ocurrió pese al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), que buscó frenar las medidas de fuerza pero no logró desactivar por completo los bloqueos.
Estado de excepción y fuerte respaldo del Congreso
Frente al impacto económico y social de los cortes de ruta, el presidente Rodrigo Paz firmó un decreto de estado de excepción que restringe manifestaciones y autoriza la intervención de fuerzas de seguridad para garantizar la libre circulación de personas y mercancías. El Congreso boliviano dio un espaldarazo político al Gobierno al aprobar la medida con más de dos tercios de los votos en una extensa sesión que se prolongó desde la noche del sábado hasta la madrugada del domingo.
- Reducción de los bloqueos de cerca de 50 a 31 puntos en rutas clave.
- Restablecimiento paulatino del ingreso de combustible y alimentos.
- Fuerte presencia policial y militar en los principales corredores viales.
- Respaldo legislativo amplio al estado de excepción decretado por Paz.
La crisis dejó un saldo significativo de daños humanos y materiales. Al menos 16 personas fallecieron, trece de ellas por complicaciones vinculadas a la falta de atención médica oportuna debido a los cortes de ruta. Además, las pérdidas económicas acumuladas se estiman en unos 3.000 millones de dólares, por el freno del comercio interno, la interrupción de la producción y el golpe al transporte de carga.
“La normalización de las rutas es apenas el primer paso: el verdadero desafío es revertir la crisis económica y recomponer la confianza social en Bolivia”, coinciden analistas regionales consultados por medios internacionales.
Mientras el Gobierno intenta consolidar la reapertura de caminos y asegurar el suministro básico, los sectores opositores mantienen sus reclamos y advierten que no abandonarán las protestas si no se implementan cambios de fondo en la política económica. La tensión social, por ahora contenida por el despliegue de seguridad, sigue siendo el principal desafío para la administración de Rodrigo Paz en un país marcado por la polarización y la fragilidad económica.
