Juicio para la banda que extorsionaba desde la cárcel
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El fiscal federal Federico Iuspa, titular de la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro, pidió la elevación parcial a juicio de una causa que investiga a una presunta banda dedicada a extorsionar a hombres contactados por aplicaciones de citas y que, según la acusación, instigó al suicidio del soldado Rodrigo Gómez en la Quinta Presidencial de Olivos.
El requerimiento fue presentado ante la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y alcanza a siete imputados. Para el Ministerio Público Fiscal, se trata de una asociación ilícita agravada que operó entre el 14 de diciembre de 2023 y el 9 de febrero de 2024, con base en unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.
De acuerdo con la investigación, los presuntos jefes de la organización son T.M.F., de 23 años, y M.J.D.A., de 25, quienes se encontraban detenidos en la Unidad N°36 de Magdalena. Junto a ellos habría actuado K.M.S.P., de 28 años, luego trasladado a la Unidad N°26 de Lisandro Olmos, y un grupo de mujeres identificadas como sus parejas o allegadas: I.A.C. (23), K.Y.C. (25), E.Y.T. (36) y C.A.M. (24).
La fiscalía sostiene que las mujeres cumplían un rol logístico clave: ponían a disposición billeteras virtuales propias o de familiares para canalizar el dinero exigido a las víctimas y gestionaban chips de telefonía móvil. Esos recursos permitían a los internos comunicarse desde la cárcel y mover los fondos sin ser detectados de inmediato.
Cómo operaba la organización y el caso Rodrigo Gómez
La causa se originó el 16 de diciembre, tras el hallazgo del cuerpo sin vida del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, en una de las garitas de custodia de la residencia presidencial de Olivos. Integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, el joven se disparó con su arma reglamentaria y dejó una carta manuscrita donde explicaba los motivos de su decisión, lo que dio pie a la pesquisa penal.
Mediante el trabajo conjunto de la fiscalía, el juzgado y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, los investigadores reconstruyeron el modus operandi del grupo. Según surge del expediente, los acusados creaban perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas —entre ellas Evermatch— para contactar a potenciales víctimas, a quienes luego derivaban a conversaciones por WhatsApp.
Una vez establecido el vínculo, y tras intercambios de mensajes e imágenes, se desplegaba la maniobra extorsiva. Las víctimas recibían un audio de una persona que se presentaba como la madre de la supuesta joven y sostenía que se trataba de una menor de edad. Bajo esa amenaza, advertía sobre una inminente denuncia penal por el contacto virtual.
En un segundo tramo de la estafa intervenía otro integrante de la banda, que se hacía pasar por efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y usurpaba la identidad de un agente real. A través de llamadas y mensajes, exigía depósitos y transferencias de dinero para, presuntamente, “evitar la denuncia” y resolver la situación.
Extorsiones comprobadas y acusación penal
En esta etapa del proceso, el fiscal atribuye a la organización al menos tres hechos consumados de extorsión, sin perjuicio de otros episodios que continúan bajo investigación. El primero tuvo como víctima a Gómez, quien el 15 de diciembre transfirió en total $1.413.000 a dos cuentas de Mercado Pago vinculadas con la banda. Horas después se quitó la vida en su puesto de guardia en Olivos.
El segundo caso se registró el 26 de diciembre, cuando otro hombre fue presionado para transferir $15.000 a una cuenta de la misma billetera virtual utilizada por una de las imputadas. Finalmente, entre el 22 y el 28 de diciembre, una tercera víctima realizó depósitos por un total de $116.000 en cuentas pertenecientes a dos de las mujeres investigadas.
Para el fiscal Iuspa, T.M.F. y M.J.D.A. deben ser juzgados como jefes de una asociación ilícita agravada y coautores de tres hechos de extorsión. Además, pidió que se los someta a debate oral por la presunta instigación al suicidio de Gómez, delito previsto en el artículo 83 del Código Penal, que contempla penas de 1 a 4 años de prisión.
En cuanto a K.M.S.P., I.A.C., K.Y.C., E.Y.T. y C.A.M., el requerimiento solicita que sean enviados a juicio como miembros de la asociación ilícita agravada y coautores de los tres episodios de extorsión documentados. Según la acusación, los tres varones eran “compañeros de encierro” y se valían de la colaboración de sus parejas y de C.A.M. para recibir y redistribuir el dinero obtenido a través de las maniobras ilegales.
La investigación, impulsada a partir de la muerte del joven soldado en la Quinta de Olivos, se inscribe en una serie de causas que exponen el uso de perfiles falsos y billeteras virtuales para extorsionar a víctimas captadas en redes y aplicaciones de citas.
La elevación parcial a juicio abre ahora una nueva etapa, en la que será un tribunal oral federal el encargado de evaluar las pruebas reunidas, escuchar a testigos y determinar eventuales responsabilidades penales de los acusados.
