La tensión por los límites provinciales suma un nuevo capítulo
El histórico conflicto limítrofe entre La Rioja y San Juan volvió a escena y amenaza con convertirse en uno de los principales focos de tensión institucional entre provincias. La discusión, que se concentra en una franja cordillerana de alto valor estratégico, combina intereses turísticos, mineros y políticos en un contexto nacional marcado por la puja por los recursos naturales.
El disparador fue la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados de La Rioja, de una ley que declara la nulidad de la Ley Nacional N.º 18.004, sancionada en 1968 durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Aquella norma fijó los límites entre ambas jurisdicciones y, según el gobierno riojano, favoreció a San Juan al definirse de manera unilateral, sin intervención plena del Congreso de la Nación y en perjuicio del territorio riojano.
La nueva legislación provincial crea la Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, que tendrá la tarea de revisar antecedentes históricos, técnicos y jurídicos sobre la traza fronteriza. Además, instruye a la Fiscalía de Estado de La Rioja a promover una demanda directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de obtener medidas cautelares que frenen cualquier actividad económica o exploratoria en la zona en disputa hasta que se resuelva el fondo del conflicto.
La respuesta de San Juan y el peso económico de la región
Desde San Juan, el Poder Ejecutivo rechazó de plano la validez de la norma riojana y sostuvo que los límites de la provincia se encuentran firmemente consolidados en el marco de la legislación nacional vigente. Las autoridades sanjuaninas remarcaron que ninguna provincia puede alterar por sí sola las fronteras interjurisdiccionales mediante leyes locales, ya que cualquier modificación territorial requiere acuerdo entre las partes e intervención del Congreso, tal como lo establece la Constitución Nacional.
En paralelo, el gobierno sanjuanino convocó a las fuerzas políticas locales para diseñar una estrategia jurídica común y anticipó que contestará ante la Corte Suprema o los foros que correspondan para preservar su dominio sobre las áreas cuestionadas. La franja en disputa se extiende desde el Cerro El Potro hasta el área del Valle de la Luna, en una geografía de alta montaña que combina atractivo turístico y potencial minero.
En esa zona se ubican sectores próximos al Parque Provincial Ischigualasto, Patrimonio de la Humanidad administrado por San Juan y uno de los destinos paleontológicos más importantes del país, que recibe visitantes de todo el mundo. Además, se incluyen áreas de influencia de yacimientos como Gualcamayo y del denominado Proyecto Vicuña, un conjunto de emprendimientos mineros de cobre y oro que representan inversiones multimillonarias y expectativas de ingresos fiscales claves para la economía sanjuanina.
Definición política y judicial a nivel nacional
Al tratarse de un litigio entre dos Estados provinciales, la última palabra recaerá en los organismos federales. La resolución definitiva podría llegar a través de un entendimiento político que pase por el Congreso de la Nación o, en caso de no haber acuerdo, por una sentencia de la Corte Suprema, tribunal competente para dirimir controversias entre provincias.
- La Rioja cuestiona la validez de la ley nacional que fijó los límites en 1968.
- San Juan defiende la traza vigente y advierte que no puede modificarse de forma unilateral.
- La zona en disputa involucra recursos turísticos, mineros y fiscales de gran magnitud.
La definición de la frontera común entre La Rioja y San Juan no sólo implicará un reordenamiento cartográfico, sino que impactará de lleno en el reparto de riqueza futura asociada al turismo y a la minería de alta montaña.
Mientras ambas provincias se preparan para la batalla judicial, la atención se centra ahora en los pasos que dará la Corte y en el rol que asumirá el Congreso frente a un conflicto que vuelve a poner sobre la mesa la discusión por la distribución de los recursos naturales en la Argentina federal.
