La Casa Rosada duplicó sus gastos flexibles en un año
La Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei, más que duplicó en doce meses el monto del Fondo Rotatorio que administra los gastos operativos de la Casa Rosada. De acuerdo con documentación oficial a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el fondo pasó de $471,5 millones a $1.135,1 millones, un salto cercano al 141% que ubica a esta caja de gastos flexibles por encima de los mil millones de pesos.
La suba quedó plasmada en la Resolución 35/2026, firmada por la propia Milei el 29 de enero y publicada en el Boletín Oficial el 2 de febrero. Allí se fijó el nuevo tope del Fondo Rotatorio de la Secretaría General y se habilitaron gastos individuales de hasta $50 millones por operación, con excepciones para servicios básicos, viajes presidenciales y embargos. Se trata del corazón financiero de la estructura administrativa de Presidencia, desde donde se pagan viáticos, servicios, bienes de consumo y otros desembolsos cotidianos.
En ese mismo circuito aparecen las tarjetas corporativas estatales que hoy están bajo la lupa. Según la respuesta de la Secretaría General a un pedido de acceso a la información, al 10 de junio de 2026 existían 140 tarjetas recargables vigentes, tres tarjetas corporativas de crédito y 62 usuarios activos de la plataforma “Corporativa Nación”, provista por el Banco Nación. En la nómina figuran nombres de peso político, como la secretaria general Karina Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el funcionario Eduardo “Lule” Menem.
Tarjetas, nombres y un detalle que el Gobierno reserva
La información oficial confirma quiénes integran el esquema de tarjetas, pero omite un dato clave: cómo se usó esa caja millonaria. Presidencia no aportó resúmenes de consumos, montos, rubros, comercios, CUIT de proveedores, responsables del gasto ni expedientes donde se rindieron esas erogaciones. Es decir, se conocen los titulares y el andamiaje administrativo, pero no el destino concreto del dinero.
Entre los funcionarios que aparecen en el circuito se destacan, además de Milei, Villarruel y Menem, nombres ligados al área audiovisual del Presidente, como el director de Realización Audiovisual Santiago Oría y Federico Nicolás Bustos. También se menciona a quienes manejan el Fondo Rotatorio: María Elisa Del Malvar, Gabriela Carla Winnik y Marcelo Nicolás Luque Mariño, todos con roles formales en la administración de la caja y, al mismo tiempo, asociados a tarjetas recargables o de crédito.
El propio convenio con el Banco Nación detalla que la plataforma permite consultar consumos, comercios, movimientos y reportes en línea, lo que haría posible reconstruir cada operación. A eso se suma el instructivo interno de cajas chicas, que ordena rendir gastos mediante expediente electrónico en el sistema GDE, acompañados por comprobantes, resúmenes de tarjeta y detalle contable en e-SIDIF. Sin embargo, nada de eso fue entregado.
Un sumario reservado y la paradoja del ajuste
Otro punto sensible es el reconocimiento de un sumario administrativo por presunto uso indebido de tarjetas corporativas. La Dirección de Sumarios informó que el 6 de abril se emitió un informe final que concluyó en la inexistencia de perjuicio fiscal y recomendó cerrar la actuación disciplinaria. Pero el Gobierno no abrió ese expediente: no se conoce qué hechos se investigaron, qué montos estuvieron bajo análisis, si hubo devoluciones ni qué criterios se aplicaron para descartar daños al Estado.
En paralelo, la respuesta oficial sobre la imputación presupuestaria de estos gastos fue genérica: solo se indicó que se cargan en partidas de la Secretaría General y se remitió al portal Presupuesto Abierto, que muestra datos agregados y no permite seguir la trazabilidad por tarjeta, titular o centro de costo. La falta de desagregación impide cruzar la creciente magnitud del Fondo Rotatorio con el uso efectivo de cada plástico.
La controversia expone una contradicción central: mientras el Gobierno hizo del recorte del gasto su principal bandera, más que duplicó en un año la caja discrecional de la Secretaría General y, ante un pedido de transparencia, se limitó a revelar el mapa de tarjetas sin detallar sus consumos.
En este escenario, la pregunta que sobrevuela el expediente es directa: si Presidencia admite la existencia de las tarjetas, si la plataforma del Banco Nación permite ver cada gasto y si las normas internas obligan a registrar y rendir todos los movimientos, ¿por qué el Gobierno todavía no abre la cuenta fina de esta caja de $1.135 millones?
