Desregulan la doble validación para patentes sensibles
El Gobierno nacional dejó sin efecto el esquema de doble validación para el otorgamiento de patentes vinculadas con materia viva y sustancias naturales, y otorgó mayor margen de decisión técnica al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). La medida se formalizó mediante la Resolución Conjunta 1/2026, publicada en el Boletín Oficial, y apunta a simplificar y agilizar el proceso de análisis de solicitudes en áreas consideradas sensibles.
Hasta ahora, el procedimiento estaba regulado por las Resoluciones Conjuntas 99/01 y 810/01, que obligaban al INPI a conformar grupos de trabajo permanentes con organismos especializados como el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Esos equipos tenían la tarea de fijar criterios específicos sobre la patentabilidad de organismos vivos, variedades vegetales y compuestos naturales.
De acuerdo con los considerandos de la nueva normativa, ese esquema introdujo rigideces que dificultaban la actualización de las directrices de patentamiento. Al depender de una doble validación técnica y administrativa, el sistema volvía más compleja y lenta la adaptación de los criterios a los cambios científicos, tecnológicos y jurídicos, tanto en el plano local como en el internacional.
Más poder para el INPI y alineamiento internacional
El Gobierno sostiene que la normativa de 2001 ya había cumplido su objetivo original, que era la elaboración de directrices técnicas, concluidas en 2003. En ese contexto, la resolución recuerda que la propia Ley de Patentes otorga al INPI la facultad de dictar, revisar y actualizar sus lineamientos de funcionamiento y de examen técnico, sin necesidad de una validación adicional de otros organismos del Estado.
Con la eliminación de la doble instancia, la administración busca fortalecer la capacidad institucional del INPI para fijar criterios más flexibles y fácilmente revisables, en línea con las mejores prácticas internacionales. La intención oficial es ofrecer un marco más previsible y eficiente para quienes solicitan o ya poseen patentes, especialmente en sectores estratégicos como biotecnología, agroindustria y desarrollos farmacéuticos basados en recursos naturales.
- Se derogan las resoluciones conjuntas de 2001 que exigían grupos interinstitucionales permanentes.
- El INPI queda a cargo de definir y actualizar de manera directa las directrices de patentabilidad.
- El Gobierno apunta a reducir la burocracia y acelerar la evaluación de solicitudes de patentes.
La Resolución Conjunta 1/2026 lleva las firmas del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y del secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. La norma entró en vigencia inmediata a partir de su publicación en el Boletín Oficial y marca un nuevo capítulo en la política de desregulación que el Gobierno viene impulsando sobre distintos marcos regulatorios vinculados a la producción y la innovación.
