Tras varios mese de debate, el Tribunal decidió penalizar con hasta 4 años y 3 meses de prisión a los productores que utilizaron agroquímicos en distintas zonas de Pergamino.
La causa, iniciada en 2018 y tramitada en el Juzgado Federal de San Nicolás, tras varios meses de debate ingresó en su fase final. En el juicio se analiza la responsabilidad de nueve productores rurales por contaminación con agrotóxicos en Pergamino.
La parte acusadora pidió penas de hasta cuatro años y tres meses de prisión, y además requirió la reparación a las víctimas, el decomiso de las máquinas utilizadas para fumigar y de cinco campos afectados. Asimismo, solicitó la condena de dos funcionarios municipales por incumplimiento de sus deberes. El veredicto podría conocerse la semana que viene, tras los alegatos de las defensas que aún no expusieron.
El fiscal federal Federico Reynares Solari solicitó penas que van de los dos a los cuatro años y tres meses de prisión para nueve imputados, entre ellos cinco productores agropecuarios y dos funcionarios públicos de Pergamino, por la presunta contaminación por el uso de agroquímicos en campos ubicados en el radio urbano de la ciudad. Además, le pidió al Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario que ordene una indemnización para las víctimas y el decomiso de cinco campos contaminados junto con la maquinaria utilizada para la fumigación.
“El suelo de los lotes fue utilizado como un instrumento para la comisión de los hechos ilícitos. Esto demuestra un agravio más complejo, ya que el suelo —y el ambiente en general— fue lo que debió ser protegido, pero terminó siendo utilizado como un instrumento para concretar la contaminación ambiental y poner en peligro la salud de las personas”, remarcó el fiscal.
Las cuatro causas que involucran a los imputados comenzaron a tramitarse a través de las denuncias de vecinos y organizaciones ambientalistas. Dos de los damnificados se constituyeron como querellantes en el proceso judicial. El juicio comenzó en febrero de 2026.
En referencia a los productores, la fiscalía expuso que se trataba de personas con “años de experiencia” y que, por lo tanto, conocían los términos de las leyes y reglamentaciones. “Más allá de eso, continuaron con la acción al decidir las aplicaciones. No quedan dudas de que conocían la problemática que atravesaba a los vecinos y la preocupación por las fumigaciones y sus consecuencias contaminantes. Sin embargo, reiteraron sus conductas ilícitas”, recalcó.
En ese sentido, insistió en que tenían a su cargo una fuente de peligro y que por ello tenían la obligación tanto legal como reglamentaria de “cuidar dos bienes jurídicos: la salud y el ambiente”. “Pese a ello, sordos a los reclamos de un barrio que solo pretendía no ser agredido en su salud, priorizando su propio interés, ejecutaron la acción ilícita”, agregó.
Por su parte, los abogados querellantes, entre otras consideraciones, recordaron que de las pruebas obtenidas a través de peritajes se certificó que “en los pueblos fumigados hay una prevalencia de cáncer un 36% más que en otros territorios”.
