Con los alegatos previstos para este 27 y 28 de mayo, culmina en Rosario el debate por el uso indebido de agrotóxicos en zonas pobladas. Se trata de un proceso emblemático en la lucha contra la contaminación ambiental y marca un precedente en materia de responsabilidad penal. La causa, iniciada en 2018 y tramitada en el Juzgado Federal de San Nicolás, tras más de tres meses de debate, arribaría a sentencia en junio próximo.
De la redacción de EL NORTE
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El juicio, que representa un emblema de la lucha contra la contaminación ambiental, está próximo a concluir. Comenzó el pasado 4 de febrero en los tribunales rosarinos y, tras 16 audiencias, cerró la fase probatoria para dar lugar a los alegatos finales. Este miércoles, mañana jueves 28 de mayo y el próximo 4 de junio, tanto la parte acusadora como la defensa fundamentarán sus posturas ante los jueces.
A ocho años de la denuncia de Sabrina Ortiz, vecina fumigada y querellante, los jueces federales analizan las pruebas presentadas contra productores y funcionarios públicos pergaminenses sobre el impacto de las fumigaciones con agrotóxicos en el ambiente, el agua, el suelo y las personas.
La causa fue instruida por el juez nicoleño Carlos Villafuerte Ruzo y derivó en el procesamiento de siete productores agroindustriales acusados de fumigar durante años a escasos metros de viviendas, escuelas y áreas pobladas, sin respetar normas ni considerar los daños sanitarios y ambientales ocasionados. También fueron procesados dos funcionarios municipales por presunta omisión de sus deberes de control.
Tras 16 audiencias, más de 60 declaraciones testimoniales y una inspección ocular, el juicio oral por contaminación con agrotóxicos en Pergamino inició su trayecto final. La decisión del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, integrado por los jueces Elena Dilario, Román Lanzón y Eduardo Rodríguez Da Cruz, se conocería el mes entrante.
Sentados en el banquillo de los acusados se encuentran siete productores agropecuarios: Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Reinero Roces, los hermanos Carlos y Hugo Sabbatini, Cristian Taboada y el productor e ingeniero agrónomo José Luis Grattone. Ellos están acusados por el delito de contaminación por la aplicación de agrotóxicos peligrosos para la salud y el ambiente en zonas periurbanas cercanas a viviendas y escuelas. En algunos casos, por no respetar una ordenanza de 2014 y una medida cautelar de 2020 que lo prohíben o disponen zonas de exclusión y protocolos específicos.
También están siendo juzgados dos funcionarios municipales por ser responsables de la fiscalización de las aplicaciones. Son Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini. Están acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las penas en expectativa son de tres a diez años. En el caso del productor Cortese, se lo acusa también por amenazas coactivas contra un familiar de Sabrina Ortiz, víctima de las fumigaciones, querellante e integrante de las organizaciones Paren de Fumigar Pergamino y Naturaleza de Derechos, en un hecho sucedido en 2020.
Responsabilidades y delitos imputados
Los magistrados rosarinos, además de analizar las responsabilidades y condenas, podrán adoptar medidas que brinden protección a los derechos al ambiente sano y a la salud. Actualmente, las aplicaciones con plaguicidas y los cultivos transgénicos siguen siendo una actividad central en Pergamino y jamás se detuvieron en la localidad de la zona núcleo del agronegocio.
Los pobladores de Pergamino, para alejar los agrotóxicos de sus casas, dependen de la tutela provisoria ordenada por la medida cautelar dictada durante la instrucción por el juez del Juzgado Federal 2 de San Nicolás y de la ordenanza municipal dictada en 2014, las cuales no les brindarían protección suficiente, como tampoco lo hace la ley provincial.
En 2019, Villafuerte Ruzo dictó dos medidas cautelares sobre la restricción de fumigaciones. En la última de ellas, prohibió las aplicaciones a menos de 1095 metros del ejido urbano de manera terrestre y a menos de 3000 por avión. Esta cautelar fue apelada por el Municipio ante la Corte, pero ahora el máximo tribunal del país desestimó la queja y la confirmó.
En cuanto a los delitos imputados a Cortese, Reinero Roces, Tiribó, Grattone, Taboada, Carlos y Hugo Sabbatini, la fiscalía les endilgó ser coautores del delito previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que prevé una pena de tres a diez años de prisión para la persona que, a través del uso de residuos, envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Cabe resaltar que algunos de esos componentes fueron prohibidos por el entonces Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires y otros, como el glifosato, fueron categorizados como “probablemente carcinógeno humano” por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, a Cortese se lo acusa de amenazas coactivas contra un familiar de las denunciantes. En tanto, las conductas imputadas a Naranjo y a Tocalini fueron calificadas en los términos del artículo 248 del Código Penal, es decir, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todos los expedientes fueron acumulados a requerimiento de la fiscalía.
Distintas zonas de Pergamino, entre ellas los barrios La Guarida, Luar Kayad y Villa Alicia y sus adyacencias, se vieron alcanzadas por las sustancias químicas. En ese sentido, se detectaron 45 plaguicidas, con predominancia de nueve: atrazina y dos metabolitos de degradación, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, glifosato y su producto de degradación AMPA. En el agua se detectaron también 18, con mayor presencia de cinco de esos plaguicidas.
