El fiscal Pollicita alista un pedido formal para que Adorni explique su patrimonio
NewsITe
La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. El fiscal federal Gerardo Pollicita trabaja en un extenso escrito con el que buscará intimarlo para que justifique el origen y la evolución de su patrimonio, ante sospechas de que los ingresos declarados no alcanzarían para respaldar la totalidad de sus bienes registrados.
Según fuentes judiciales consultadas, la fiscalía aguarda el resultado de un peritaje contable clave encargado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo que depende de la Procuración General de la Nación. Ese informe permitirá determinar con mayor precisión el monto de la eventual inconsistencia patrimonial y servirá de base para el requerimiento formal que Pollicita enviará al funcionario.
La intimación constituye el paso previo a una posible citación a declaración indagatoria. Una vez que reciba la notificación, Adorni deberá explicar en detalle cómo obtuvo los fondos utilizados para adquirir los bienes bajo la lupa. Si el fiscal considera satisfactorias las explicaciones y la documentación respaldatoria, podría dictar el sobreseimiento. En caso contrario, avanzaría con el pedido de indagatoria ante el juez interviniente, tal como indicaron allegados al expediente.
En paralelo al análisis de sus bienes tradicionales, los investigadores llevan adelante un estudio específico sobre las operaciones con criptomonedas vinculadas al jefe de Gabinete. El objetivo es reconstruir la trazabilidad de los fondos digitales, verificar su correspondencia con ingresos declarados y descartar eventuales maniobras de ocultamiento. La última declaración jurada de Adorni, prometida públicamente hace un mes tanto por él como por el presidente Javier Milei, aún no fue presentada, lo que agrega un condimento político y mediático al caso. Los técnicos estiman que el informe definitivo podría demorar alrededor de 90 días.
Un segundo frente judicial por contratos con la TV Pública
Mientras tanto, Adorni enfrenta otra causa en los tribunales federales, a cargo del juez Ariel Lijo, que apunta a los contratos de coproducción entre la TV Pública y la productora Imhouse, propiedad de Marcelo Grandio, señalado como amigo cercano del actual ministro coordinador. La relación comercial y personal entre ambos quedó bajo la lupa luego de que se conociera un viaje compartido a Uruguay durante el último feriado de carnaval.
De acuerdo con el expediente, el ex vocero sostuvo que costeó de su bolsillo ese viaje, con dinero proveniente de sus ingresos. Sin embargo, una factura incorporada a la causa habría desmentido esa versión, lo que abrió dudas sobre quién financió efectivamente los gastos y bajo qué modalidad. Sobre esta línea, la Justicia detectó presuntas transferencias de dinero desde Imhouse hacia Adorni en fechas próximas a su asunción en el cargo.
Para reconstruir el entramado de vínculos, el juez Lijo ordenó el cruce de llamadas telefónicas, el análisis de geolocalización de los involucrados y otras medidas destinadas a establecer si existieron intermediaciones incompatibles con la función pública o la recepción de dádivas por parte del funcionario. La sospecha central es determinar si hubo beneficios económicos indebidos ligados a su rol institucional.
Fuentes de Comodoro Py estiman que una eventual citación a indagatoria por parte de Lijo podría concretarse antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista para la segunda mitad de julio, siempre que se completen a tiempo las últimas medidas de prueba ordenadas en el expediente.
En este contexto, el futuro procesal de Adorni dependerá de cómo logre justificar sus bienes, responder por las operaciones en criptomonedas y aclarar las presuntas transferencias recibidas desde la productora investigada. La evolución de ambas causas se perfila como uno de los focos judiciales y políticos a seguir en las próximas semanas.
