“Los asesinos tienen más derechos que las víctimas”: fuerte reclamo por los celulares en las cárceles
Familiares de víctimas de delitos graves volvieron a alzar la voz contra el uso de teléfonos celulares en las cárceles argentinas. Madres, padres y hermanos de jóvenes y adultos asesinados cuestionan que los condenados y detenidos “tienen más derechos” que quienes perdieron la vida, y denuncian que, desde los penales, muchos continúan delinquiendo, hostigando y amenazando a las familias de las víctimas.
El reclamo, que se viene repitiendo en marchas y audiencias judiciales, cobró nueva fuerza a partir de testimonios recogidos por la Agencia Noticias Argentinas. Los familiares insisten en que la Justicia y el sistema penitenciario garantizan privilegios a los internos —como comunicación permanente, redes sociales y organización de delitos a distancia— mientras las víctimas padecen lo que describen como una “ausencia perpetua” y un camino lleno de trabas para acceder a una reparación mínima.
Uno de los casos que simboliza este dolor es el de Lara Fernández, una adolescente de 17 años asesinada de un disparo durante un intento de robo en Lomas de Zamora, el 1° de enero de 2022. Su madre, Laura Fernández, oficial de la Policía de la Ciudad, remarca que a su hija “la mataron por un celular” y denuncia que, sin embargo, a los responsables se les permite usar teléfonos en prisión, desde donde se denuncian estafas, extorsiones y amenazas.
Casos emblemáticos y un reclamo que se repite
Laura impulsa además una batalla judicial para que el crimen de Lara sea caratulado como homicidio criminis causa, lo que implicaría la prisión perpetua para los acusados. Mientras tanto, señala la necesidad urgente de colocar inhibidores de señal en los penales, convencida de que, aunque se secuestren aparatos, los celulares siempre vuelven a ingresar.
Otro testimonio conmovedor es el de María Eugenia Rodríguez, madre de Uma Aguilera, la niña asesinada en enero de 2024 frente a su casa en Villa Centenario, también en Lomas de Zamora. Uma estaba con su padre —custodio de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich— cuando delincuentes dispararon contra el vehículo. Los principales responsables recibieron la pena máxima del Código Penal, pero su madre advierte que el uso de celulares en las cárceles se consolidó desde la pandemia y hoy es una herramienta clave para nuevas amenazas y delitos.
En el caso de Ezequiel Altamira, un adolescente de 16 años asesinado a la salida de un boliche en Parque Leloir, su madre Paola Eiroa señala la paradoja de que su hijo murió por un teléfono mientras los acusados gozan de techo, comida, televisión, conexión a Internet y la posibilidad de seguir comunicados desde un instituto.
Dolor, desigualdad y denuncias de amenazas desde las cárceles
Historias similares se repiten en distintos puntos del Conurbano bonaerense. Victoria Cruz, hermana del cirujano Juan Carlos Cruz, asesinado en Morón por menores en 2023, relató que vio publicaciones en redes sociales de los implicados posando en una pileta, pese a estar alojados en un centro de detención. La comparación con la realidad económica de su propia familia, que lucha día a día para sostenerse, profundiza la sensación de injusticia.
- Familiares denuncian que los celulares se usan para estafas, extorsiones y amenazas.
- Reclaman inhibidores de señal y la eliminación total de los aparatos de los penales.
- Piden que se prioricen los derechos de las víctimas en la agenda judicial y política.
La madre de Sebastián Ochoa, asesinado en un robo en José C. Paz a días de convertirse en padre, describe que mientras ellos “sobreviven mendigando justicia”, los detenidos festejan cumpleaños, reciben visitas, mantienen redes sociales activas y exhiben una cotidianeidad que choca con el duelo inconcluso de las familias.
También se repiten las denuncias sobre el uso de redes para burlas e intimidaciones. Ángeles, madre de Valentín Bosa, apuñalado en San Martín, señala que los celulares sirven para seguir dañando a quienes perdieron a sus hijos y que el sistema beneficia siempre a los asesinos y no al trabajador común.
“Los derechos son para los asesinos. Nosotros vivimos una ausencia perpetua”, sintetizan los familiares, que reclaman una reforma profunda del régimen de comunicaciones en cárceles y una verdadera política de protección a las víctimas.
El caso de Gianfranco Di Luciano, asesinado en un local nocturno de San Justo, suma un elemento inquietante: su padre denunció reiteradas amenazas e intentos de amedrentamiento que atribuye a allegados del condenado, quien habría realizado transmisiones en vivo y publicaciones desafiantes desde prisión. Ante este escenario, los familiares insisten en que la quita efectiva de celulares en los penales es condición indispensable para hablar de una justicia verdaderamente equilibrada.
