Condena histórica por una red de DNI falsos en San Juan
NewsITe
La Justicia de San Juan dictó una dura condena contra una funcionaria del Registro Civil de Pocito y otros cuatro acusados, al considerarlos integrantes de una asociación ilícita dedicada a la emisión de documentos nacionales de identidad (DNI) apócrifos para realizar estafas a gran escala en distintas partes del país.
Según la investigación, encabezada por el fiscal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de San Juan, el perjuicio económico generado por la maniobra superó los $142 millones, a través de créditos gestionados en forma fraudulenta y compras de bienes que luego eran revendidos en el mercado informal.
La principal acusada es Natalia Lorena Castillo, ex titular de la delegación Pocito de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de San Juan. El tribunal la condenó a 4 años y 8 meses de prisión, multa e inhabilitación especial por 4 años para ejercer cargos públicos, al considerarla miembro de la asociación ilícita que operó, de acuerdo con la causa, entre el 27 de agosto de 2024 y mediados de 2025.
Durante un allanamiento en su domicilio, los investigadores hallaron 197 DNI auténticos, cuya tenencia ilegítima fue encuadrada en el artículo 33 inciso c de la Ley 17.671 de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional. Además, se acreditó su intervención en al menos 23 trámites irregulares de DNI, lo que derivó también en la condena por violación de los deberes de funcionaria pública.
Cómo operaba la organización y quiénes fueron condenados
Los otros implicados recibieron penas de entre 3 años y 10 meses y 5 años y 4 meses de prisión. Rolando Javier Navarro Saide fue señalado como el jefe de la organización y recibió la condena más alta, de 5 años y 4 meses. En tanto, Rodrigo Javier Navarro Pozo, Matías Martín Martínez Villalba y Marcelo Omar Cardozo fueron sentenciados a 3 años y 10 meses de prisión como miembros de la banda.
Todos fueron hallados culpables de integrar una asociación ilícita de más de tres personas, en concurso real con 36 hechos de uso de documentos adulterados destinados a acreditar identidad, en concurso ideal con estafas. A ello se suman 18 hechos de inserción de declaraciones falsas en instrumentos públicos, también vinculados a la acreditación de identidad, en grado de tentativa, y un hecho consumado de esas mismas características.
La causa se originó el 19 de diciembre de 2024, a partir de la denuncia de una persona residente en la provincia de Buenos Aires, que detectó que habían utilizado un DNI con fotografía y huellas dactilares ajenas para solicitar préstamos y concretar operaciones comerciales a su nombre. Las primeras medidas de prueba permitieron rastrear el origen de la maniobra hasta la sede Pocito del Registro Civil sanjuanino y sospechar de la participación de personal del organismo.
El circuito de la estafa y el impacto institucional
De acuerdo con la pesquisa, la organización primero identificaba potenciales víctimas cuyos datos podían ser utilizados sin su conocimiento. Luego reclutaba personas dispuestas a aportar sus datos biométricos (fotografía y huellas digitales) para confeccionar nuevos DNI, con lo que se combinaban identidades reales y ajenas en un mismo documento.
- Identificación de víctimas y recolección de datos personales.
- Captación de personas para aportar datos biométricos.
- Tramitación irregular y seguimiento de nuevos ejemplares de DNI.
- Gestión de créditos y compras de bienes con la identidad adulterada.
- Venta posterior de esos bienes en el mercado informal.
La causa expone las graves consecuencias que genera la corrupción interna en organismos encargados de la identificación de las personas y la necesidad de reforzar los controles sobre la emisión de documentación oficial.
El caso, difundido por el portal Fiscales, vuelve a poner bajo la lupa la seguridad de los sistemas de identificación y la responsabilidad de los agentes estatales en la protección de los datos personales. Las condenas dictadas en San Juan sientan un precedente relevante frente a delitos que combinan fraude económico, vulneración de la identidad y corrupción administrativa.
