El Senado se encamina a depurar el marco legal con la Ley Hojarasca
NewsITe
El Senado de la Nación intentará este miércoles dar un paso clave en la depuración del andamiaje normativo argentino con el dictamen del proyecto conocido como “Ley Hojarasca”. La iniciativa, ya aprobada por la Cámara de Diputados, propone derogar alrededor de 70 normas consideradas obsoletas, redundantes o restrictivas de libertades individuales, muchas de ellas sancionadas durante gobiernos de facto y gestiones constitucionales del siglo XX.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los legisladores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, fue convocado para las 12.30. Según dejaron trascender fuentes parlamentarias, el objetivo es firmar un despacho sin modificaciones, de manera tal que el proyecto pueda ser tratado en el recinto y convertido en ley antes de fin de mes.
La apuesta oficial es avanzar en una “limpieza” del Boletín Oficial, eliminando disposiciones que ya perdieron vigencia frente a los cambios tecnológicos y de organización social, o que se consideran incompatibles con los estándares actuales de derechos y libertades. La Ley Hojarasca forma parte de un proceso más amplio de revisión normativa que distintas gestiones mencionaron, pero que pocas veces se tradujo en decisiones concretas de gran volumen.
Normas que quedarían sin efecto
Entre los textos que se proponen derogar hay regulaciones que impactan en la libertad de reunión, la prensa, la actividad económica y hasta cuestiones simbólicas y protocolares. Una de las más mencionadas es la Ley 20.120, aprobada en la gestión de Alejandro Agustín Lanusse, que obligaba a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a avisar previamente a las autoridades y facultaba a la policía a ingresar. Para la letra del proyecto, esa norma supone una “violación flagrante de la libertad personal”.
Otro ejemplo es la Ley 20.983 de 1975, que les imponía a los medios radiales y televisivos la obligación de destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional. También se apuntan regulaciones que condicionaban la propiedad de los medios de comunicación, la transferencia de tecnología y el uso de mapas, entre otras.
- Ley 14.034 (1951): establecía penas de prisión para argentinos que defendieran en el exterior la existencia de violaciones a los derechos humanos en el país.
- Ley 18.312 (1969): ponía bajo control estatal la disponibilidad de papel de diario, un insumo clave para la prensa.
- Ley 19.787 (1972): obligaba a difundir determinados géneros musicales considerados “adecuados” por el Estado.
- Ley 20.843 (1974): creaba la figura del “Padrinazgo Presidencial” del séptimo hijo o hija de una familia.
- Ley 19.648 (1972): declaraba de interés nacional la explotación del carbón mineral, bajo un paradigma energético ya superado.
- Ley 21.056 (1975): forzaba a las empresas de transporte de media y larga distancia a exhibir material promocional de turismo.
- Ley 22.426 (1981): exigía aprobación estatal para toda transferencia de tecnología o marcas, una traba para las inversiones.
- Ley 22.963 (1983): obligaba a contar con autorización del Estado para el uso de mapas de la Argentina en cualquier soporte.
- Ley 24.127 (1992): instituía un “Premio Nacional a la Calidad” para el sector privado y la administración pública.
- Ley 25.750 (2003): limitaba la participación extranjera en la propiedad de medios de comunicación al 30% del capital accionario.
- Ley 26.688 (2011): declaraba de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos.
- Ley 27.171 (2015): creaba un registro específico para palomas mensajeras de carrera, con año de nacimiento y matrícula.
- Ley 94 (1864): inhabilitaba por diez años a la autoridad que hiciera azotar a una persona, una figura hoy incompatible con el sistema penal moderno.
Debate político y alcance de la depuración normativa
La discusión en el Senado no sólo girará en torno al detalle de cada norma, sino también al criterio general para definir qué es una ley “obsoleta”. Mientras el oficialismo destaca que se trata de un avance en la simplificación y modernización del Estado, sectores de la oposición advierten que, en algunos casos, se pueden estar desactivando herramientas de política pública o protecciones simbólicas que, si bien quedaron desactualizadas, expresan consensos políticos de otras épocas.
Especialistas en derecho público coinciden en que la depuración normativa es un proceso necesario en sistemas con alta producción legislativa. Sin embargo, subrayan que la revisión debe hacerse caso por caso y con diagnósticos sólidos, para evitar vacíos regulatorios inesperados o interpretaciones judiciales contradictorias. En este sentido, el seguimiento que haga el Congreso luego de la eventual aprobación de la Ley Hojarasca será clave para evaluar su impacto real en la vida institucional y en la ciudadanía.
Con el dictamen de la Ley Hojarasca, el Senado abre la puerta a una revisión profunda del entramado normativo acumulado durante más de un siglo de historia legislativa argentina.
Si el proyecto consigue el respaldo necesario en el recinto, el país podría encarar una nueva etapa de ordenamiento legal. El desafío será que la simplificación normativa no sólo se traduzca en menos leyes en los archivos, sino en un marco jurídico más claro, coherente y respetuoso de los derechos y libertades de las personas.
