El Gobierno busca frenar el avance del juicio por YPF en Nueva York
NewsITe
El Gobierno nacional solicitó formalmente a la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Segundo Distrito de Nueva York, la suspensión del proceso de discovery y del pedido de desacato presentado por los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF. La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que considera que la etapa actual del litigio vulnera la soberanía argentina y excede el marco razonable de la causa.
En el escrito enviado a la magistrada, el Estado argentino denunció un “hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados”, lo que –según se argumenta– afecta directamente las relaciones internacionales y el normal funcionamiento de las instituciones nacionales.
El discovery es la instancia del proceso judicial en la que la parte beneficiada por un fallo puede solicitar información detallada para rastrear bienes o activos potencialmente embargables que permitan ejecutar una sentencia. En este caso, los demandantes –encabezados por el fondo Burford Capital– buscan identificar bienes de la República Argentina susceptibles de embargo para cobrar la millonaria indemnización dispuesta por la justicia norteamericana.
Desde la Procuración del Tesoro recordaron que, bajo administraciones anteriores, Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades en tribunales de los Estados Unidos. En contraste, remarcaron que desde la asunción del actual gobierno, en diciembre de 2023, el país “siguió plenamente con el proceso de discovery ordenado en esta causa” y cumplió con todas las obligaciones impuestas por el tribunal, realizando –según sostienen– “un esfuerzo extraordinario” para entregar información “razonablemente relevante”.
Acusaciones de presión indebida y pedidos desproporcionados
De acuerdo con la presentación de la Procuración, el avance de los reclamos de los demandantes habría derivado en solicitudes de información “cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivas, costosas y completamente ajenas al objeto del proceso”. Entre esos requerimientos, mencionan la reciente presión de Burford Capital para obtener datos sobre la localización de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El Gobierno aclaró que esas reservas pertenecen al Banco Central y están protegidas por el principio de inmunidad de ejecución, por lo que se consideran activos no embargables. En ese marco, calificó como “manifiestamente improcedente” cualquier intento de avanzar sobre información vinculada a esos bienes, al entender que se trata de un recurso clave para la estabilidad financiera del país y que goza de amparo en el derecho internacional.
Defensa de la soberanía y del derecho internacional
Para la Procuración del Tesoro, el proceso de discovery “se ha desnaturalizado y transformado en una herramienta de hostigamiento, destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino”. Según el planteo oficial, los propios demandantes habrían manifestado su intención de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica del país, una postura que el Gobierno considera “inaceptable jurídica y moralmente”.
- El Estado argentino pide suspender el discovery y el trámite por desacato.
- Denuncia pedidos de información sobre activos protegidos, como las reservas de oro del BCRA.
- Reivindica haber cumplido con las obligaciones procesales desde diciembre de 2023.
“La República Argentina continuará ejerciendo todas las herramientas legales a su alcance, en todas las instancias judiciales disponibles, para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y poner freno a pedidos ilegítimos que vulneran sus leyes, su Constitución y los principios básicos del derecho internacional”, señalaron desde la Procuración del Tesoro.
El litigio por YPF, que se sigue en Nueva York desde hace años, sigue siendo uno de los frentes judiciales internacionales más sensibles para la Argentina. La decisión que tome la jueza Preska respecto del pedido de suspensión del discovery y del proceso de desacato será clave para definir el alcance de la responsabilidad del Estado nacional y el margen de maniobra para proteger sus activos en el exterior.
