El Gobierno busca más tiempo en la pelea judicial por YPF
NewsITe
El Gobierno argentino solicitó a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos una prórroga de 30 días para responder al pedido de revisión presentado por los fondos demandantes en la causa por la estatización de YPF. Se trata de un nuevo capítulo en el extenso litigio internacional que se originó tras la nacionalización de la petrolera en 2012.
La presentación fue realizada por la defensa del Estado nacional, que pidió extender los plazos legales para contestar el recurso de los demandantes hasta el 2 de diciembre próximo. El objetivo es contar con más tiempo para elaborar el escrito de oposición frente a la embestida judicial de los fondos que reclaman una millonaria compensación.
El pedido llegó pocos días después de que la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, dejara sin efecto de manera formal su propia sentencia contra la Argentina y diera por concluida la etapa de primera instancia. Con esa decisión, Preska terminó de anular el fallo dictado en 2023, que ordenaba al país pagar unos US$ 16.100 millones, cifra que con intereses superaba ampliamente los US$ 18.000 millones.
Qué cambia con la intervención de la Corte de EE.UU.
La intervención de la Corte Suprema estadounidense abre un nuevo escenario en la disputa. Los demandantes pidieron que el máximo tribunal revise lo resuelto por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que había revocado la condena contra la Argentina. Ahora, el Estado busca ganar tiempo para argumentar por qué no corresponde reabrir el caso.
En la red social X, el analista Sebastián Maril detalló que “la República Argentina solicita postergar la presentación de su respuesta al pedido de revisión del fallo de la Cámara de Apelaciones presentada por los demandantes hasta el 2 de diciembre”. Además, recordó que los propios demandantes ya habían pedido antes una prórroga para elevar su escrito original, que finalmente fue presentado el 30 de septiembre y publicado el 2 de octubre.
Cómo se originó el conflicto por la estatización de YPF
El conflicto judicial se remonta a la expropiación de la mayoría accionaria de YPF concretada en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La decisión del Estado argentino de recuperar el control de la petrolera derivó en reclamos de antiguos accionistas minoritarios que acudieron a los tribunales de Estados Unidos, cuestionando la forma en que se llevó a cabo la operación.
Burford Capital, un fondo especializado en litigios, financia la demanda iniciada por Petersen Energía y Eton Park y adquirió los derechos para litigar en nombre de esos accionistas. A partir de allí se desplegó una batalla judicial de alto impacto económico y político, seguida de cerca por los mercados y por el sector energético.
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska dictó un fallo adverso para la Argentina y ordenó el pago de una indemnización millonaria por incumplimientos en el estatuto de YPF al momento de la estatización. El Gobierno apeló la sentencia, y el expediente escaló a distintas instancias hasta que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó finalmente la condena.
Lo que está en juego para la economía argentina
- Una eventual condena definitiva podría implicar un pago de más de US$ 18.000 millones, con fuerte impacto en las reservas y en la negociación de la deuda.
- El fallo también sienta criterios sobre cómo deben manejarse futuras estatizaciones o cambios de control en empresas con participación privada.
- El resultado del caso es observado por inversores y por otros países de la región como antecedente en materia de seguridad jurídica.
La disputa por YPF se transformó en uno de los litigios más costosos y sensibles para la Argentina en tribunales internacionales.
Mientras la Corte de Estados Unidos define si acepta o no revisar el caso, el Gobierno busca ganar margen de maniobra en los tiempos procesales. La respuesta que presente la Argentina será clave para sostener la decisión de la Cámara de Apelaciones y evitar que resurja una condena que podría tener consecuencias de largo alcance sobre la economía y sobre la política energética del país.
