Licitan millonario servicio alimentario escolar en Florencio Varela
NewsITe
El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, lanzó una serie de licitaciones públicas por un total de $14.885.564.232 para garantizar el Servicio Alimentario Escolar (SAE) en el distrito durante los próximos seis meses, en el marco de la emergencia alimentaria y social vigente en el municipio.
De acuerdo con publicaciones realizadas entre el 30 y el 31 de julio en el Boletín Oficial bonaerense, el territorio varelense fue dividido en 16 zonas. Cada una de ellas cuenta con un presupuesto propio que va desde los $115,8 millones hasta los $2.246 millones, conformando en conjunto un esquema de casi $15.000 millones destinados a la alimentación de estudiantes.
Las licitaciones corresponden a los expedientes públicos 17 a 32 de 2026 y prevén la prestación del servicio entre septiembre de este año y febrero de 2027. En todos los casos se cita el decreto municipal 306/2026, norma mediante la cual el Ejecutivo local declaró la emergencia en materia alimentaria y social, habilitando un tratamiento prioritario de estas contrataciones.
Municipalización del SAE y exigencias de transparencia
La responsabilidad política y administrativa de este proceso recae directamente sobre Watson. En febrero pasado, el jefe comunal decidió que el Ejecutivo municipal pasara a controlar de forma directa el SAE y el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria, tareas que hasta entonces estaban en manos del Consejo Escolar.
El intendente fundamentó el traspaso en la necesidad de agilizar las compras, reforzar las inspecciones, supervisar de cerca a los proveedores y asegurar la trazabilidad de los alimentos, desde la adquisición hasta su llegada al plato de cada alumno. La actual tanda de licitaciones es, en ese contexto, la primera gran prueba para esas promesas de eficiencia y control.
Sin embargo, los avisos publicados no detallan en una sola consulta cuántas raciones se proyecta entregar, cuál será el costo unitario por estudiante, qué menú nutricional deberán cumplir los adjudicatarios ni qué mecanismo se utilizará para comparar precios entre las distintas zonas. Especialistas en políticas públicas advierten que estos datos son clave para evaluar el uso de los fondos y la equidad del sistema.
Antecedentes y necesidad de controles reforzados
El debate sobre la transparencia del SAE en Florencio Varela no es nuevo. En 2025 se conoció una denuncia penal vinculada a la Escuela de Educación Especial N° 501, donde se habría facturado la provisión de alimentos para 320 alumnos cuando, según el expediente, asistían alrededor de 100. Ese caso involucraba al sistema administrado por el Consejo Escolar antes de la municipalización impulsada por Watson.
La denuncia y el allanamiento posterior no alcanzan por sí solos para probar un fraude ni trasladan automáticamente responsabilidades a la actual estructura municipal. No obstante, exponen por qué resulta imprescindible fortalecer los mecanismos de control de asistencia, remitos, raciones entregadas y facturación, evitando que la información quede únicamente en manos de proveedores o de cada establecimiento educativo.
En este contexto, la emergencia alimentaria no elimina la obligación de competencia ni habilita una reducción en la publicidad de los procesos. Por el contrario, la sensibilidad social frente a la pobreza y la malnutrición infantil vuelve más crítica cualquier demora en las entregas, sobreprecio injustificado, faltante de alimentos o incumplimiento de los estándares de calidad.
Datos a publicar y próxima instancia clave
Organizaciones sociales y especialistas en transparencia señalan que el municipio deberá poner a disposición de la ciudadanía los pliegos completos en un formato descargable, el padrón de escuelas y beneficiarios por zona, las cantidades previstas de raciones, los precios por ración y las actas de apertura y evaluación de las ofertas, para permitir un monitoreo independiente.
- Identificación de los proveedores adjudicados y sus antecedentes comerciales.
- Detección de posibles vínculos entre empresas que compiten en distintas zonas.
- Registro de sanciones previas o incumplimientos en otros programas alimentarios.
- Resultados de los controles bromatológicos y evaluaciones nutricionales.
La apertura y comparación de ofertas será el momento decisivo para comprobar si la municipalización del SAE aporta la eficiencia y trazabilidad que el intendente prometió, en un esquema que involucra casi $15.000 millones y el derecho básico a la alimentación de miles de estudiantes.
Por ahora, las licitaciones no fueron adjudicadas y no hay elementos para sostener que los fondos estén siendo desviados. El foco está puesto en la próxima etapa, cuando se conozcan las propuestas concretas y se determine si el nuevo esquema de gestión logra combinar rapidez en la respuesta a la emergencia con transparencia y control público efectivo.
