Uno de los tres imputados por estafas reiteradas fue trasladado desde su lugar de detención en la DDI hasta la alcaidía de la unidad carcelaria local. Este lunes el fiscal que investiga la causa había solicitado la prisión preventiva, y es la jueza Maiztegui la que deberá resolver si da curso o no al pedido de Fiscalía.
De la redacción de EL NORTE
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Walter Gulías, imputado por estafas múltiples a través de la financiera «Casa de Cambio San Nicolás», se encuentra en la alcaidía de la Unidad Penal Nº 3 de San Nicolás, a la espera de que el Juzgado de Garantías resuelva el pedido de prisión preventiva que elevara el fiscal Patricio Mujica Díaz en el marco de la causa por estafas que lo tiene como imputado junto a Paula D´Adamo y el prófugo Héctor Páez.
El procedimiento establece que un detenido sin prisión preventiva no puede estar más de cinco días en una comisaría o en sede de la DDI. Por lo que cuando hay cupo en la cárcel el detenido debe ser trasladado a la alcaidía, es decir, un lugar de alojamiento separado de los pabellones en los que se encuentran los demás internos. Esto fue lo que ocurrió con Gulías, quien deberá aguardar allí la resolución de la jueza de garantías, María Eugenia Maiztegui.
Cabe recordar que en la audiencia de declaración indagatoria, Paula D´Adamo deslindó su responsabilidad y la de Héctor Páez y sindicó como autor de la maniobras a Walter Gulías.
Las tres personas mencionadas están acusadas por administración fraudulenta y estafas reiteradas en perjuicio de cientos de ahorristas de San Nicolás y de la zona.
Gulías fue alojado en un espacio separado de los pabellones en los que se encuentran los demás internos.
Extraoficialmente trascendió que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habría iniciado de oficio una investigación sobre el origen de los fondos puestos a inversión. Desde Fiscalía negaron que les haya sido solicitada algún tipo de información, afirmaron que no ingresó ningún pedido desde AFIP, que ellos tampoco lo efectuaron, que no corresponde a ese organismo pedirla ni mandarla, que ellos investigan conductas de los imputados y que no es ese, en este caso, el objeto de la investigación.
Embargos
A mediados de octubre se había efectivizado la orden de embargo preventivo pedida por fiscalía, por unos 150 millones de pesos. La medida coercitiva recayó en diversas propiedades, entre ellas, departamentos, casas y cocheras, además de costosos automóviles de alta gama y embarcaciones.
