Nuevo juicio por el femicidio de Micaela García en Entre Ríos
NewsITe
A casi una década del femicidio de Micaela García, la joven entrerriana de 21 años abusada y asesinada en 2017 en Gualeguay, uno de los condenados en la causa volverá a sentarse en el banquillo de los acusados. Se trata de Néstor Pavón, quien había sido encontrado culpable del delito de encubrimiento, pero ahora será sometido a un nuevo juicio oral imputado como presunto coautor del crimen.
El caso Micaela marcó un antes y un después en la agenda pública sobre violencia de género en la Argentina. La joven militante del Movimiento Evita desapareció el 1° de abril de 2017, cuando regresaba a su casa después de salir a bailar en la ciudad de Gualeguay. Según la acusación, en ese trayecto fue interceptada por Sebastián Wagner y por el propio Pavón. Una semana más tarde, su cuerpo fue hallado con claros signos de violencia física y agresión sexual.
La investigación reveló que Wagner tenía antecedentes muy graves: había sido condenado a 9 años de prisión por la violación de dos mujeres y, al momento del ataque a Micaela, gozaba del beneficio de la libertad condicional. Ese dato encendió fuertes críticas al sistema judicial y penitenciario por los mecanismos de control y otorgamiento de salidas anticipadas.
En octubre de 2017 se realizó el primer juicio. Wagner fue condenado a prisión perpetua como autor del femicidio, mientras que Pavón recibió una pena de 5 años de cárcel por encubrimiento, condena que ya cumplió. Otro imputado, Gabriel Ignacio Otero, fue absuelto. Sin embargo, la querella y la fiscalía insistieron en que las pruebas situaban a Pavón en un rol más activo en el hecho.
Tras una serie de recursos y apelaciones extraordinarias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a los planteos de la acusación y ordenó que se realice un nuevo debate oral exclusivamente para Pavón, esta vez como presunto coautor del femicidio de Micaela. La decisión del máximo tribunal fue interpretada como un respaldo al reclamo de la familia y de los organismos de derechos humanos que acompañan la causa.
Fechas del debate y expectativas de la familia
El segundo juicio comenzará el jueves 29 de octubre en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, provincia de Entre Ríos. Están previstas ocho audiencias, programadas para los días 29 y 30 de octubre, y 2, 3, 6, 9, 10 y 11 de noviembre, todas a partir de las 9.00. El tribunal estará integrado por los jueces Santiago Nicolás Brugo, quien ejercerá la presidencia, Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali.
La familia de Micaela y su representación legal llegan a este nuevo escenario con una mezcla de ansiedad y esperanza. Su abogada, Andrea Verónica Quaranta, remarcó que el debate oral es una oportunidad para profundizar en las responsabilidades que rodearon el crimen.
“Estamos ansiosos y expectantes por este nuevo debate”, señaló Quaranta, al destacar que la familia García espera que se haga justicia en toda su dimensión y que se reconozca el rol que, sostienen, tuvo Pavón en el ataque a la joven.
En paralelo al proceso penal, el femicidio de Micaela impulsó cambios concretos en las políticas públicas. Uno de los más significativos fue la sanción de la Ley Nacional N° 27.499, conocida como Ley Micaela, promulgada el 10 de enero de 2019. Esta norma establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Desde entonces, cientos de organismos estatales comenzaron a capacitar a sus funcionarios y trabajadores en perspectiva de género, con el objetivo de prevenir, detectar y actuar frente a situaciones de violencia. Para la familia de Micaela, esa ley es parte del legado de la joven, pero insisten en que la verdadera reparación también requiere que se determinen con claridad todas las responsabilidades penales por su muerte.
El nuevo juicio a Néstor Pavón vuelve a poner en el centro del debate público la necesidad de un sistema judicial con perspectiva de género, capaz de ofrecer respuestas rápidas, eficaces y respetuosas de los derechos de las víctimas y sus familias.
