El pasado jueves la fiscalía de Villa Constitución realizó una ampliación de indagatoria en la causa que investiga denuncias por hechos de violencia en el Jardín “Manitos a la obra”. Sumaron dos nuevas imputaciones y prorrogaron las medidas cautelares por otros 90 días. Entre las seis mujeres acusadas hay una docente nicoleña. El caso se conoció por la difusión de videos con imágenes de maltrato a los menores.
Las tres docentes responsables del jardín maternal “Manitos a la obra” de Villa Constitución y tres auxiliares estuvieron el pasado jueves nuevamente ante el fiscal villense Ramiro Martínez. Fueron convocadas para ampliar la audiencia imputativa incorporando dos nuevos casos a la investigación. En este momento la causa cuenta con once hechos imputados por el delito de lesiones leves dolosas, en concurso con los otros nueve expuestos en la audiencia ya realizada en enero pasado. Los nuevos casos también involucran a menores de muy corta edad que se encontraban bajo la responsabilidad, cuidado y resguardo integral del personal del establecimiento, en un contexto que la acusación describió como de “conductas inadecuadas y violentas”.
Además, durante el transcurso de la audiencia el fiscal pidió la prórroga de las medidas restrictivas contra las acusadas por otros 90 días. Esas medidas prohíben a la imputadas la salida del país, cualquier tipo de acercamiento y contacto con las víctimas y familiares, el pago de una fianza real o personal, firma quincenal ante la Oficina de Gestión Judicial y prohibición de estar a cargo de grupos de niños y adolescentes. Tampoco podrán acercarse a los damnificados en un rango de 200 metros.
El proceso al que están vinculadas se inició tras la difusión de videos y audios donde se veían escenas de maltrato infantil a distintos menores.
En principios el fiscal les había atribuido nueve hechos ocurridos en el espacio temporal transcurrido desde abril a diciembre de 2025 en el interior del establecimiento educativo de nivel inicial. Tres de las acusadas son docentes y corresponsables, entre ellas la nicoleña Pamela Díaz y las otras tres se desempeñaban como auxiliares docentes, a dos de ellas se les endilgó que en momentos en que se encontraban en una posición funcional y de responsabilidad, presenciaron las agresiones y no denunciaron los hechos de manera inmediata. A las otras cuatro se les imputa que en diferentes oportunidades ejercieron violencia física y psicológica hacia nueve menores de edad causando menoscabo físico y emocional a las víctimas, según se indicó.
Los malos tratos habrían ocurrido en un ámbito donde los niños se encontraban bajo cuidado institucional, siendo que este espacio debía garantizar la protección, contención y resguardo integral.
En el último paso procesal realizado el pasado jueves el fiscal se refirió al avance de la investigación, señalando que se incorporaron nuevas evidencias en las últimas semanas. Entre ellas, mencionó entrevistas realizadas en sede fiscal a familiares de las víctimas, informes escolares y evaluaciones de profesionales de la salud, tanto pediatras como psicólogos. También se refirió al análisis de los teléfonos celulares secuestrados, en busca de determinar el grado de conocimiento que tenían las implicadas sobre lo que ocurría en la institución. En ese punto, reveló que uno de los dispositivos —perteneciente a la nicoleña Pamela Díaz— fue hallado completamente borrado.
A diferencia de la audiencia anterior, en esta oportunidad ninguna de las imputadas hizo uso de la palabra, decisión que el juez aclaró que forma parte de sus derechos y no implica presunción alguna en su contra.
Investigación compleja
Fuentes vinculadas a la investigación refirieron que se trata de una “investigación compleja”, con once hechos que presentan mecánicas similares, incluyendo golpes, lesiones, insultos, gritos y situaciones de desatención. En relación al material audiovisual que forma parte de la causa, se indicó que, además de los dos videos que tomaron estado público, existe un tercer registro que no fue difundido, en el que la víctima sería una niña con discapacidad. Según sostuvieron, todos estos registros fueron captados por una auxiliar del jardín y habrían sido determinantes para que las familias tomaran conocimiento de lo sucedido.
Las presentaciones que dieron inicio al proceso, habían sido efectuadas el pasado martes 13 de enero y daban cuenta de presuntas situaciones de maltrato infantil cuyas imágenes habían sido registradas en material audiovisual.
El establecimiento fue clausurado y allanado días después (en ese operativo secuestraron una cámara de videovigilancia). La justicia también ordenó requisar ocho domicilios, siete de ellos en Villa Constitución y uno en San Nicolás donde reside la docente Pamela Díaz. La mujer sería quien aparece en los videos en una escena de aparente violencia contra una menor de muy corta edad. Durante el operativo las fuerzas de seguridad incautaron varios teléfonos celulares en busca de indicios para determinar el alcance de los hechos e individualizar el grado de responsabilidad de las personas involucradas.
