Villarruel lleva a la Justicia sus cruces políticos con Petri
NewsITe
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, radicó una denuncia penal contra el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) y exministro de Defensa, Luis Petri, en los tribunales federales de Comodoro Py. La presentación judicial se inscribe en la escalada de tensión política dentro del oficialismo y se centra en declaraciones públicas del legislador, a quien la titular del Senado considera injuriantes y desestabilizadoras.
De acuerdo con la información consignada en el expediente CFP 985/2026, Villarruel acusa a Petri por los delitos de “calumnias e injurias”, “atentado contra el orden público” y “amenaza de rebelión”. La denuncia se origina luego de que el diputado la calificara como “golpista” por no acompañar determinadas iniciativas impulsadas por el Gobierno Nacional, en el marco de un clima de fuerte polarización interna.
En su presentación, la vicepresidenta sostiene que esos señalamientos exceden el debate político y configuran un intento de dañar su honor y de instalar la idea de una supuesta conspiración institucional. Según fuentes allegadas a la denuncia, Villarruel considera que la acusación de “golpismo” no solo lesiona su figura, sino que puede contribuir a generar desconfianza en el orden democrático y alimentar un clima de inestabilidad.
Acusaciones sobre la gestión en Defensa e impacto político
Además de las calumnias e injurias, Villarruel apuntó contra la gestión de Petri al frente del Ministerio de Defensa. Lo tildó de “irresponsable” y recordó un presunto vaciamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), así como los bajos salarios que, según la denuncia, mantuvo para los integrantes de las fuerzas bajo su órbita. Estos cuestionamientos buscan reforzar la idea de que el diputado actuó con ligereza tanto en sus declaraciones como en su desempeño en la función pública.
La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, el mismo magistrado que intervino en expedientes de alto impacto político, como el que involucra al exlíder venezolano Nicolás Maduro. La intervención de ese juzgado refuerza la expectativa sobre los próximos pasos procesales, que podrían incluir pedidos de informes, citaciones a testigos e incluso la declaración del propio Petri si así lo dispone la Justicia.
Por el momento, desde el entorno del diputado no hubo una respuesta formal en sede judicial, aunque se descuenta que su defensa invocará la protección de la libertad de expresión y el carácter político de las manifestaciones realizadas. El caso reabre el debate sobre los límites entre la crítica política, el agravio personal y las figuras penales vinculadas al orden público y la estabilidad institucional.
Con la denuncia recién iniciada, se trata de una causa en desarrollo que podría tener repercusiones tanto en el plano judicial como en la interna oficialista, en un contexto en el que las disputas entre referentes del mismo espacio comienzan a trasladarse desde los medios y las redes sociales a los tribunales federales.
