El caso fue llevado a juicio oral y público en Marzo de 2022, pero aún no ha comenzado el juicio a pesar de que el poder judicial había establecido que comenzaría en diciembre del mismo año. Sobrevivientes y familiares, junto a distintos organismos que apoyan la causa, exigen una fecha inmediata para el juicio contra los genocidas y cómplices de la represión. Marcharán el próximo viernes 21 para reclamar que comience el juicio.
La causa Acindar, más conocida como “Villazo” es un juicio que investiga desde hace más de 10 años los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los trabajadores y habitantes de Villa Constitución después de la histórica lucha obrera conocida con el mismo nombre.
El juicio cuenta con la participación de más de 400 testigos, 60 víctimas y 25 imputados, y se enfoca en los crímenes cometidos durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Las empresas como Acindar, Marathon y Metcon, junto con la burocracia sindical de la UOM Nacional, tuvieron una participación activa en estos crímenes.
El operativo represivo llevó a cabo la “Serpiente Roja del Paraná”, donde fuerzas represivas estatales y paraestatales tomaron la ciudad de Villa Constitución, causando terror de Estado y estableciendo un centro clandestino de detención en las instalaciones de la fábrica Acindar, donde cientos de presos políticos fueron torturados y asesinados.
Días atrás, el juez Germán Sutter Schneider, en lugar de fijar la fecha para realizar el juicio oral y público de la causa de Lesa Humanidad, autorizó a la imputada Carmen Amanda Grossolin, ex policía federal, a salir del país para vacacionar en México.
Una provocación hacia familiares de detenidos desaparecidos y organizaciones de Derechos Humanos, sociales y políticas que vienen luchando desde hace décadas. Para entender la impunidad con la que se manejan los genocidas, cabe recordar el hecho que ocurrió con Roberto Pellegrini, ex miembro del directorio en Acindar durante la década del 70, que usó su beneficio de la prisión domiciliaria para transitar las calles de la ciudad en marzo del 2021.
Además de exigir urgencia en el juicio y la revocación de la autorización para que la imputada salga del país, se está tratando de que el Tribunal disponga el traslado de la causa para la realización del debate oral a nuestra ciudad, dado que es el lugar donde sucedieron los crímenes que se le imputan a los acusados, permite contextualizar la causa y es donde residen las víctimas.
La causa se tramita en Rosario a pedido de la defensa de los genocidas. Cínicamente afirman que en Villa Constitución no están dadas las condiciones de seguridad para los imputados y que tienen temor a represalias.
Los familiares y sobrevivientes junto al espacio Memoria, Verdad y Justicia vienen impulsando asambleas abiertas a la comunidad y en la que participan distintas organizaciones políticas, sindicales y de estudiantes. Este martes se definió realizar una movilización para el próximo viernes 21 de abril frente al Tribunal Oral Federal de Rosario.