El Tribunal de Morón define la responsabilidad por el crimen de Izzo
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº6 de Morón dará a conocer este martes el veredicto por el crimen del empresario maderero Gabriel Izzo, asesinado en la madrugada del 9 de junio de 2023 durante un violento asalto a su vivienda de San Antonio de Padua, en el partido bonaerense de Merlo. El caso conmocionó a la comunidad local y reavivó el debate sobre la inseguridad en el conurbano bonaerense.
Al banquillo de los acusados llegaron Víctor Ricardo Martín Fernández Galarza, Jonathan Ricardo González y Brígido Achucarro González, imputados por robo agravado y homicidio “criminis causae”, es decir, matar para facilitar el robo u obtener impunidad. También estuvo procesado inicialmente Walter Rodríguez Sierra, primer detenido en la causa, aunque la situación judicial de este último dio un giro clave durante el debate oral.
En los alegatos finales, los fiscales Patricio Pagani y Claudio Oviedo solicitaron prisión perpetua para Galarza y los dos González. La acusación incluyó los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y homicidio criminis causae en perjuicio de Izzo, además de un segundo hecho en grado de tentativa, todo ello en concurso real. De confirmarse el pedido, los imputados recibirían la pena máxima prevista por el Código Penal argentino.
Respecto de Walter Rodríguez Sierra, los representantes del Ministerio Público retiraron la acusación al considerar que no había pruebas suficientes para sostener su responsabilidad en el ataque. Ante esa decisión, su defensa, encabezada por el abogado Javier Ignacio Baños, reclamó la absolución, lo que finalmente se concretó, marcando un punto de inflexión en el desarrollo de la causa.
Un caso con múltiples imputados y derivaciones judiciales
El expediente judicial por el crimen de Izzo comprende a otros dos acusados. Uno de ellos, Gustavo Mac Dougall, falleció en abril de 2025 a raíz de un cuadro de neumonía, por lo que la acción penal en su contra se extinguió. El otro, Diego Eduardo Correa, será sometido a un juicio aparte debido a que su defensa enfrenta problemas de salud que le impidieron asistir al debate que se desarrolla ante el Tribunal Nº6.
De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, en la madrugada del 9 de junio de 2023 los delincuentes irrumpieron en la vivienda de Izzo. El empresario habría intentado repeler el ataque con su arma de fuego, pero recibió un disparo mortal. Su esposa, Silvina Petinari, también fue gravemente herida: recibió un tiro cerca del ojo y otro en el abdomen, lo que la mantuvo internada varias semanas hasta su recuperación y posterior alta médica.
Tras el intercambio de disparos, los asaltantes escaparon en un Volkswagen Gol gris, el mismo vehículo con el que habrían llegado al domicilio. Ese dato, sumado a registros fílmicos y testimonios, fue parte del material valorado por la fiscalía para sostener la acusación en el juicio. La causa quedó desde entonces en el centro de la escena pública por el grado de violencia exhibido y el perfil de la víctima.
La figura de Izzo y el impacto en la comunidad
Gabriel Izzo era un empresario reconocido en San Antonio de Padua y en otras localidades de la provincia de Buenos Aires. Se dedicaba al rubro maderero y era propietario de una carpintería especializada en la venta de maderas de pino. Su familia también era conocida en el ambiente empresarial: Izzo era yerno de Pedro Petinari, histórico fabricante de acoplados que falleció años atrás.
- El hecho ocurrió el 9 de junio de 2023 en San Antonio de Padua.
- La fiscalía pidió prisión perpetua para tres de los acusados.
- Uno de los imputados fue absuelto y otro murió antes del veredicto.
- Un sexto acusado será juzgado en un proceso aparte.
“Se trata de un caso emblemático por el nivel de violencia y por las consecuencias que tuvo para una familia muy arraigada en la zona”, remarcan fuentes judiciales consultadas.
Con el veredicto del Tribunal Oral Nº6, se cierra una etapa clave en la búsqueda de justicia por el crimen del empresario. El fallo será seguido con atención por la familia de la víctima, por los vecinos de San Antonio de Padua y por el entorno empresarial de la región, que durante el último año y medio ha reclamado mayor presencia del Estado y políticas de seguridad más efectivas en el conurbano bonaerense.
