Caracas rompe con el tribunal de La Haya y denuncia sesgo
NewsITe
El Gobierno de Venezuela comunicó formalmente que iniciará el proceso para retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, al considerar que el tribunal actúa con un “sesgo geográfico” contra países de América Latina y África. El anuncio fue realizado por el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, a través de la red social X.
Según detalló el canciller, Caracas notificó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, su “decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al artículo 127” de dicho instrumento. Ese artículo contempla la posibilidad de que un Estado parte denuncie el tratado y, tras un año, concrete su salida, aunque los procesos ya iniciados pueden continuar.
Plasencia cuestionó que, desde su creación en 1998, la labor de la Corte se haya concentrado de manera desproporcionada en casos vinculados al denominado Sur Global. En esa línea, acusó al organismo de “perpetuar la persecución contra el pueblo venezolano y agravar las desigualdades”, al tiempo que denunció que la justicia internacional está siendo “instrumentalizada” con fines políticos.
La decisión se inscribe en un escenario de tensiones entre el gobierno de Nicolás Maduro y distintos organismos internacionales, que desde hace años observan con preocupación la situación de derechos humanos en el país caribeño. La CPI mantiene desde 2021 una investigación preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la represión a manifestaciones opositoras, tema que ha sido rechazado por Caracas como una injerencia externa.
El canciller reiteró, no obstante, el compromiso de Venezuela con lo que definió como una justicia “genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”. Con ese argumento, el Gobierno afirmó que seguirá promoviendo instancias de cooperación regional y mecanismos alternativos dentro de organismos multilaterales donde, sostiene, se refleje mejor el equilibrio entre las distintas regiones del mundo.
Implicancias del retiro y debate internacional
La salida de Venezuela de la CPI abre interrogantes sobre el futuro de las investigaciones en curso y suma un nuevo capítulo al debate global sobre el funcionamiento del tribunal. Organizaciones de derechos humanos advierten que la decisión podría reducir las vías de rendición de cuentas frente a posibles abusos estatales, mientras que el chavismo insiste en que se trata de una medida soberana frente a lo que considera una estructura de justicia parcializada.
- La denuncia del Estatuto de Roma se realiza ante la ONU y demora un año en hacerse efectiva.
- Venezuela argumenta que la CPI actúa principalmente sobre países del Sur Global.
- Diversas ONG temen que se debilite la protección internacional frente a graves violaciones de derechos humanos.
“Se perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y se agravan las desigualdades”, afirmó el canciller Félix Plasencia al justificar el retiro de la CPI.
Mientras avanza el procedimiento formal de salida, el movimiento será seguido de cerca por la comunidad internacional, en un contexto en el que otros gobiernos también han cuestionado a la Corte de La Haya. El desarrollo de las relaciones de Caracas con la ONU y con los organismos regionales será clave para medir el impacto político y jurídico de esta determinación.
