Venezuela exige en la ONU la liberación de Maduro y denuncia sanciones

Caracas eleva su reclamo ante el Consejo de Derechos Humanos

El canciller venezolano Yván Gil expone ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

NewsITe

Durante la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el canciller de Venezuela, Yván Gil, reclamó públicamente a Estados Unidos la liberación inmediata del expresidente Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, detenidos tras el ataque militar del 3 de enero pasado. El funcionario calificó la operación como una “agresión armada” y sostuvo que la detención constituye una violación del derecho internacional.

Gil aprovechó su exposición en Ginebra para reiterar el pedido de levantamiento de las medidas unilaterales de coerción impuestas contra Caracas. A su entender, esas sanciones no solo afectan al Gobierno, sino que impactan de forma directa en los derechos económicos, sociales y culturales de la población venezolana, profundizando la crisis y limitando las posibilidades de recuperación.

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La sesión del Consejo de Derechos Humanos se desarrolla desde este lunes y se extenderá hasta el 31 de marzo, en un contexto de alta tensión geopolítica tras la operación militar estadounidense en territorio venezolano. Según la versión de Caracas, el ataque del 3 de enero de 2026 derivó en la captura ilegal de Maduro y Flores, quienes permanecen recluidos en Nueva York mientras se multiplican los reclamos internacionales por su situación jurídica.

Rodríguez denuncia intentos por frenar la amnistía y la convivencia

En paralelo al frente diplomático, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió que sectores “extremistas” buscan “descarrilar y perturbar” el proceso de amnistía y convivencia nacional. Lo hizo durante un acto con víctimas de violencia política realizado en el Palacio de Miraflores y transmitido por la televisión estatal, donde planteó que hay dirigentes que, “desde hoteles en Estados Unidos o Europa”, intentan condicionar la reconciliación interna.

Rodríguez remarcó que, tras la agresión del 3 de enero, “perdieron todos” los venezolanos y no hubo vencedores, por lo que llamó a abandonar la lógica de confrontación. En ese sentido, convocó a las víctimas de hechos de violencia política a sumarse al Programa de Convivencia Democrática por la Paz, reconocer falencias del sistema judicial y apostar a una “nueva justicia para todos”, centrada en la reparación y el reconocimiento.

Durante el acto, varias personas relataron episodios de violencia sufridos en las protestas de 2014 y 2017. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Davoe, explicó que se busca garantizar mecanismos efectivos para que quienes padecieron lesiones o pérdidas de familiares accedan a instancias jurídicas y a políticas de reparación espiritual y material.

Testimonio de una madre y el alcance de la Ley de Amnistía

Una de las voces más contundentes fue la de Inés Esparragoza, madre de Orlando Figuera, joven asesinado y quemado vivo en 2017 por grupos opositores radicalizados. La mujer expresó que lleva nueve años esperando que los responsables sean encarcelados y reclamó que el Estado asegure justicia efectiva en casos emblemáticos de violencia política.

Rodríguez vinculó esos hechos con lo que definió como “discursos de odio” y llamados a la intervención extranjera, al tiempo que defendió la vía diplomática como único camino para resolver disputas geopolíticas. Sostuvo que el país debe “sanar el odio” y avanzar hacia un escenario de estabilidad sustentado en el respeto, la justicia y la convivencia, en medio de fuertes presiones externas e internas.

Por su parte, el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria encargada de implementar la Ley de Amnistía, informó que el Programa de Convivencia Nacional ya está en marcha para acompañar las liberaciones y promover procesos de reparación humana. La norma, aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional el 19 de febrero y promulgada esa misma noche, abarca hechos de violencia política ocurridos entre 1999 y la actualidad.

Según el Gobierno venezolano, esta ley marca el inicio de “una nueva etapa” orientada a consolidar una paz duradera, al tiempo que se insiste en el reclamo internacional por la liberación de Maduro y Flores y el levantamiento de las sanciones que pesan sobre el país caribeño.

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