La Asamblea Nacional aprobó en primera instancia un proyecto de amnistía general que beneficiaría a presos políticos, pero deja fuera a quienes cometieron delitos graves, según el texto legislativo.
El Parlamento de Venezuela avanzó este jueves en el debate de una ley de amnistía general impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que busca conceder clemencia a personas detenidas por motivos políticos desde 1999 hasta la actualidad. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en una primera discusión en la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo.
La denominada “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática” incluye medidas que permitirían la liberación de quienes fueron encarcelados por participar en protestas, expresar opiniones políticas o criticar al Gobierno. El proyecto se enmarca en un intento oficial por promover la reconciliación y normalizar la situación política del país tras años de tensiones.
Sin embargo, el texto legislativo contempla un listado de exclusiones de su ámbito de aplicación: quedan fuera de los beneficios de la amnistía los casos de “violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas”, según la justificación del proyecto a la que tuvo acceso la agencia AFP.
La propuesta debe ahora transitar un segundo debate artículo por artículo antes de su sanción definitiva, conforme a lo estipulado en la Constitución venezolana. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, subrayó que la normativa se construye sobre criterios amplios de inclusión y no sobre listados específicos de nombres.
El avance de esta iniciativa se produce en un momento de cambios políticos en Venezuela, con señales de acercamiento diplomático y presión internacional para la liberación de presos políticos y la apertura de espacios democráticos. Organizaciones de derechos humanos han valorado positivamente el inicio del debate, aunque han pedido que se publique el texto completo de la ley y se garantice el respeto a los derechos de las víctimas antes de su aprobación final.
