Además, el tribunal de apelaciones dispuso un embargo de 20 millones de pesos para el ex funcionario.
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex ministro de Salud, Ginés González García, en el marco de la causa por el “vacunatorio VIP”. El tribunal de apelaciones también ordenó un embargo de 20 millones de pesos para el ex funcionario y dispuso que se profundice la investigación para determinar si otras personas que recibieron la vacuna de manera irregular cometieron algún delito.
El procesamiento fue ratificado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, quienes confirmaron las imputaciones de “abuso de autoridad y peculado”. Además del ex ministro, también quedaron procesados su ex secretario privado, Marcelo Guille, y el director del Hospital Posadas, Alberto Maceira.
La investigación está centrada en la vacunación de un grupo de personas que accedieron de manera privilegiada a las dosis de la Sputnik V, violando los criterios establecidos por el Plan Nacional de Vacunación. Uno de los hechos clave ocurrió en febrero de 2021, cuando un equipo del Hospital Posadas se trasladó al Ministerio de Salud para vacunar a personas como el actual ministro de Defensa, Jorge Taiana, el diputado Eduardo Valdés y el periodista Horacio Verbitsky.
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Otro hecho relevante en la causa señala que en febrero de 2021, González García habría ordenado que cinco dosis de la vacuna se destinaran a la familia del ex presidente Eduardo Duhalde, quienes fueron vacunados en su domicilio particular.
El tribunal también redujo los embargos que había impuesto la jueza María Eugenia Capuchetti, fijando montos de 20 millones de pesos para González García, 18 millones para Maceira y 10 millones para Guille y el ex subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa. Además, se dictó la falta de mérito para María Elena Borda, funcionaria del Hospital Posadas, que también había sido procesada.
Finalmente, los jueces ordenaron a la jueza Capuchetti que profundice la investigación para evitar que los responsables de haber recibido beneficios ilegales queden exentos de sanciones penales.
