Son alrededor de USD 1.737 millones los que el Estado destinó a la compra de vacunas. Resaltaron que los acuerdos son “confidenciales”.
En una reunión de la Auditoria General de la Nación (AGN), la mayoría oficialista aprobó ayer un documento en el que validó los diez contratos que el Gobierno acordó con los laboratorios para la compra y provisión de vacunas contra el COVID-19, y definió mantener en estricta confidencialidad todas esas actuaciones.
La decisión provocó un enérgico rechazo de los auditores que pertenecen a Juntos por el Cambio, que reclamaban un control más exhaustivo sobre la adquisión de las inoculaciones. Así, presentaron un dictamen de “rechazo total” al informe oficial.
Los miembros de la oposición, encabezados por el presidente de la AGN, Jesús Rodríguez (UCR), y los miembros Miguel Pichetto (Peronismo Republicano) y Alejandro Nieva (UCR), exigieron explicaciones al Gobierno sobre los criterios y en qué condiciones se rubricaron las operaciones de compra-venta que demandaron una inversión sanitaria para el Estado de USD 1.737 millones.
Lo que estaba bajo la lupa era la firma de los contratos que se firmaron en medio de la pandemia con los laboratorios AstraZeneca, el Instituto Serum de India, Sinopharm, Sputnik, Moderna, Cansino, AstraZeneca vía Covax, el Instituto Beijing vía Covax, Richmond y Pfizer.
Encabezada por Jesús Rodríguez, la reunión en la sede de la Auditoría arrancó a las 11.30. Además de los miembros de la oposición, de parte del oficialismo estuvieron los auditores Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón, María Graciela de la Rosa y Gabriel Mihura Strada.
“El Ministerio de Salud publica en su página web más información sobre los contratos firmados que este informe de auditoría. La AGN termina siendo más papista que el Papa”, cuestionó Pichetto.
