El juez cordobés exige que Nación salde en 72 horas la deuda con prestadores
NewsITe
El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, ordenó al Ministerio de Salud de la Nación que regularice en un plazo de 72 horas las deudas que mantiene con los prestadores de discapacidad del programa Plan Incluir Salud. La medida cautelar tiene alcance nacional y busca evitar la interrupción de tratamientos esenciales para miles de personas con discapacidad en todo el país.
La resolución judicial se dictó luego de que asociaciones y centros de atención advirtieran sobre una situación económica crítica, producto de la falta de pago de las prestaciones que brindan. Según describió el magistrado, los informes elevados al juzgado dan cuenta de deudas millonarias y un escenario de “ahogo financiero” que pone en riesgo la continuidad de los servicios.
En declaraciones radiales a Splendid AM 990, a las que tuvo acceso Noticias Argentinas, Vaca Narvaja explicó que el propio Ministerio de Salud reconoció el atraso en los giros. “El Ministerio había contestado que estaban atrasados con los pagos por una cuestión organizativa y que desde diciembre no se abonaban estas prestaciones. Si no hay problemas de dinero ni administrativos, y simplemente se trata de un atraso, esperamos que puedan cumplir con la ley”, enfatizó.
Riesgo de corte en tratamientos y eventuales consecuencias penales
El juez fundamentó la urgencia de la cautelar en los reportes de los prestadores, que advirtieron que, de continuar la falta de fondos, se verían obligados a suspender terapias y servicios de apoyo. “Es una situación desesperante y en cualquier momento se van a interrumpir las prestaciones clínicas de los discapacitados”, alertó el magistrado, al explicar los motivos de su decisión.
Vaca Narvaja también hizo referencia a las posibles derivaciones penales para los funcionarios responsables en caso de incumplimiento de la orden judicial. Planteó un escenario límite en el que la falta de respuesta estatal pueda considerarse como un abandono de personas, figura prevista en el Código Penal cuando se deja sin la debida asistencia a personas vulnerables.
- La cautelar obliga a saldar la deuda con prestadores del Plan Incluir Salud en un máximo de 72 horas.
- Los centros de atención denuncian deudas acumuladas desde fines de 2023 y temen el corte de tratamientos.
“Pongámonos en la hipótesis de que no comienzan a brindar las prestaciones. Eso es una objeción tan dura, ¿no es cierto? Abandonan personas y ya se complica la cuestión”, advirtió Vaca Narvaja.
Mientras tanto, prestadores y familias de personas con discapacidad siguen con preocupación la reacción del Gobierno nacional frente al fallo. En las próximas horas se definirá si el Ministerio de Salud acata la orden judicial y libera los fondos adeudados o si se agudiza el conflicto en un área considerada clave para la protección de derechos básicos.
