Familiares reclaman al gobierno acceso a la verdad histórica.
En la antesala de una nueva Marcha del Silencio en Montevideo, la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos volvió a reclamar al presidente Yamandú Orsi que ordene a las Fuerzas Armadas la entrega de toda la información vinculada al terrorismo de Estado durante la dictadura uruguaya (1973-1985).
El pronunciamiento se conoció durante una conferencia realizada en la sede de la central sindical PIT-CNT, donde la referente Alba González, madre del desaparecido Rafael Lezama, leyó la proclama del colectivo. Allí advirtió que “la orden a las Fuerzas Armadas de parte del presidente no puede tener más dilaciones” y reclamó una respuesta política clara frente a décadas de impunidad.
Como cada 20 de mayo desde 1996, la Marcha del Silencio recorrerá la avenida 18 de Julio, en el centro de Montevideo. Este año, la consigna elegida resume el espíritu de la movilización: “30 años marchando contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas”. En un clima de absoluto silencio, miles de personas marchan con fotos de desaparecidos, hasta que por altoparlantes se leen los nombres de las víctimas, a los que la multitud responde con un “¡presente!” que se convirtió en símbolo de memoria y resistencia.
González remarcó que, a medio siglo del fin formal del régimen, “los archivos siguen dispersos y muchos de ellos ocultos”. Denunció que todavía “falta información y la búsqueda sigue siendo a ciegas”, lo que a su entender exige una política de Estado integral que comprometa a todos los poderes públicos y a las instituciones militares.
50 años de un crimen emblemático del terrorismo de Estado
La convocatoria de este año está atravesada por una fecha especialmente sensible: se cumplen 50 años del asesinato de los legisladores opositores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw. Fueron secuestrados y asesinados en Buenos Aires en 1976, en el marco de la coordinación represiva entre dictaduras del Cono Sur conocida como Plan Cóndor.
A medio siglo de aquellos crímenes, organismos de derechos humanos subrayan que la responsabilidad del Estado uruguayo no se agota en el juzgamiento de algunos responsables, sino que incluye la apertura completa de los archivos militares y policiales. Esos documentos se consideran claves para conocer el destino final de los detenidos desaparecidos y para identificar nuevos responsables.
- La Institución Nacional de Derechos Humanos actualizó recientemente la cifra oficial de detenidos desaparecidos de 197 a 205 personas, al incorporar ocho nuevos casos vinculados al período 1968-1985.
- Ese lapso incluye los años previos al golpe de Estado de 1973, lo que refuerza la idea de un entramado represivo que se fue consolidando antes de la dictadura formal.
Para los familiares, cada nueva Marcha del Silencio renueva el reclamo de verdad y justicia y mantiene vigente el compromiso con la memoria, tanto en Uruguay como en la región. El pedido al gobierno de Orsi se inscribe en esa lucha histórica: sin apertura total de archivos, señalan, no habrá cierre posible para una de las páginas más oscuras del Cono Sur.
